En el segundo día del paro nacional, las vías hacia el norte del país, desde Quito, se encuentran habilitadas hasta el límite con la provincia de Imbabura, que ha soportado jornadas de protestas en busca de la derogación del Decreto 126 que eliminó el subsidio al diésel.
En un recorrido realizado por este Diario se encontraron arterias abiertas desde la comunidad San Miguel del Común, la Y de Cusubamba, sector del río Guachalá, hasta llegar a la altura de Zuleta sobre la Panamericana norte.
En estos lugares solamente quedaron los rezagos de cierres provocados durante el inicio del paro nacional, la mañana del lunes 22 de septiembre. Tierra sobre las vías, palos, piedras, ramas y árboles gigantes en los extremos se observó mientras se pasaba por comunidades como Oyacoto, Otón, Santa Anita y Cayambe.
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El panorama hostil se veía aplacado por el resplandeciente sol que cubría la zona, sin embargo, el daño de montañas y vegetación era palpable.
Se logró avanzar hasta la carretera que une Cayambe con Zuleta. Este punto es el límite con la provincia de Imbabura.
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En el lugar, un cierre vial se identificó a lo lejos. Varios tráileres con productos como sal y víveres esperaban parqueados la voluntad de los comuneros para poder abordar la vía y avanzar hacia Ibarra.
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Al descender del vehículo, los manifestantes aguardaban sentados en el extremo derecho de la arteria. Atentos miraban el trabajo realizado y uno que otro gritaba: “¡Que le volteen la cámara, están grabando!”.
No obstante, mediante el diálogo directo con ellos, la vicepresidenta de la comunidad, Lilian Gualabisi, contó el objetivo que tiene para ellos el paro nacional y mandó un mensaje directo al presidente Daniel Noboa por promesas que -según ella- no se han cumplido.
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Ella aseguró que no se trata de una manifestación arbitraria, sino de una resolución consensuada entre los pueblos y nacionalidades indígenas con el fin de cambiar las decisiones presidenciales.
El cierre con ramas de árboles y tractores en la parte trasera se mantendría de forma indefinida hasta que reciban otras indicaciones, sostuvo la mujer.
Quienes querían pasar debían hacerlo a pie. Muchos habitantes tuvieron que salir a comprar comida o cosas varias en bicicleta y detenerse en medio de la maleza para cruzar con cuidado de una caída.
Los conductores del transporte pesado eran los más preocupados. Uno de ellos, quien prefirió no identificarse, sostuvo que viajaba desde Salinas con todo el camión cargado de sal y su destino era Ibarra, pero llevaba más de tres horas estacionado y no le daban la oportunidad de pasar por la zona.
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Dijo que temía por posibles lanzamientos de piedras y que le pinchen llantas.
“Uno quiere trabajar, por dos provincias que están así no se puede afectar todo el país. Qué hago aquí con todo el cargamento y sin poder pasar”, manifestó el hombre.
Con indignación abrió la puerta del automotor y expuso varios de los ‘miguelitos’ que, según él, había encontrado en el camino: “Mire, no le estoy mintiendo, estos ‘miguelitos’ utilizan para pinchar las llantas y que no pasemos”, apuntó.
‘Miguelito’ se lo llama a un artículo metálico con punta fina que se ubica en la calzada y, al paso del auto, pincha la llanta y la desinfla en cuestión de segundos. Este artefacto es pequeño y difícil de observar desde un vehículo alto o cuando existe poca luz en el viaje.
Por su parte, José Cantos, otro conductor de transporte pesado que se quedó varado en el lugar, indicó que estaba a favor del paro, pero es imposible dejar de trabajar por todo lo que deben cubrir económicamente.
“Antes llenábamos un tanque de 70 galones con $ 140, ahora lo llenamos con $ 240, imagínese, el cambio es extremo, no alcanza”, aseguró Cantos.
Como José, otros conductores bajaban de los tráileres, ponían las manos en los bolsillos y, en los rostros, se percibían la incertidumbre y el miedo de perder la mercadería.
“Tenemos que llamar a los dueños del cargamento, aplazar los fletes y esperar que los dueños entiendan”, aseguró el transportista.
Los protestantes indicaron que hasta la entrada a Otavalo existen quince cierres viales y se mantendrán firmes para no dejar transitar por la vía, a menos que se trate de una emergencia verdadera y comprobable, manifestaron.
Según los ministros del Interior, John Reimberg, y de Gobierno, Zaida Rovira, hay 47 detenidos, entre ellos, dos supuestos integrantes de la banda delictiva Tren de Aragua.
El Gobierno declaró grupo terrorista del crimen organizado al Tren de Aragua en enero pasado.
En un documento se expuso que este grupo constituye una amenaza para la población nacional, el orden constituido, la soberanía e integridad del Estado. Luego se actualizó la cifra gubernamental a 44 detenidos.
En tanto que para Marlon Vargas, presidente de la Conaie, hay una retención de más de 50 personas. (I)
