El sueño del alcantarillado en Montañita se construye en parte de un terreno en conflicto

Una estación de bombeo para alcantarillado se construye en Montañita, en un terreno cuya propiedad se disputan tres representantes: el municipio de Santa Elena, que ejecuta la obra, la empresa Raquilsa S.A. y los dirigentes de la comuna.La obra de ampliación del sistema de alcantarillado, valorada en $ 3,3 millones y que según el alcalde Otto Vera llegará a cerca de 9.000 habitantes, ha sido desde hace diez años un reclamo de los comuneros y de los miles de turistas que llegan los fines de semana.No obstante, la propiedad del terreno donde se ejecuta la estación de bombeo, parte de la obra, está en conflicto. Por un lado el Municipio, cuyo alcalde Otto Vera no atendió a este Diario, y la comuna representada por la presidenta, Ruth Villao, quien suspendió la entrevista concretada para ayer. Naranjal y Posorja, más vulnerables a conflictos de tierras Y en medio de ellos, la empresa Raquilsa, que tiene escrituras de los dos terrenos que suman 2.881 m2, uno adquirido en 2005 a la CFN y el otro comprado a otra empresa, en 2014. Ambos están catastrados, cuentan con un certificado de avalúo del año pasado y los impuestos prediales están cancelados hasta este 2021, por lo que el mismo Cabildo entregó un certificado de no ser deudor el 18 de junio pasado. Este mes se iniciaron los trabajos en uno de los terrenos, que lo atraviesa un camino irregular de tierra. Ahí, maquinaria hace una gran excavación, mientras se arman unas estructuras metálicas. Ante esto, Raquilsa pidió una acción de protección para detener la obra. La audiencia será hoy. Guayas, Manabí y Esmeraldas suman el 65 % de los casos de invasiones denunciados en los últimos seis años “Es una arbitrariedad, con qué validez jurídica están haciendo esa obra dentro de propiedad privada”, refirió María Caicedo, abogada de la empresa.Diego Romero, abogado y docente universitario, explicó que el Municipio puede ingresar a un terreno privado, luego de ser declarado de utilidad pública, expropiado y tras haber cancelado el avalúo del predio. Sin embargo, este trámite no se ha realizado, según Caicedo.Ante el reclamo de la empresa, los trabajos fueron detenidos el 8 de julio, pero se retomaron luego de que el procurador jurídico municipal (s), Becker Salinas, señaló -en un escrito- que “no existe impedimento legal” para paralizar la obra. Y como antecedente, Salinas resumió el proceso de reivindicación que inició Raquilsa en 2015, porque la comuna habría invadido su predio con una cabaña años antes. Según el proceso judicial, un juez de la unidad de Manglaralto le concedió la reivindicación del bien a la compañía, en febrero de 2019. Traficantes de tierras son conocidos, pero temen denunciarlos La comuna apeló ante la Corte Provincial de Santa Elena, que les negó el recurso y, de oficio, revocó el fallo -a favor de la firma-, por “falta de legítimo contradictor”, refiriéndose a que CNEL, que tiene postes en el predio, no constaba dentro de la causa. La resolución señaló, también, que no se justificó que la comuna estaba en posesión de los lotes y “tampoco se ha podido justificar cuales son los actos posesorios que la comuna venía ejerciendo” ; lo que se probó fue que “es una vía pública desde el 2011”. Luego, Raquilsa puso un recurso de casación, que fue inadmitido.El jurídico también hizo referencia, en el oficio, que el solar “cedido a la comuna” tendría un “certificado de uso de usufructo”, con fecha de diciembre del 2019. “No pueden tener la posesión, porque los terrenos son propiedad privada y no constan con derechos de posesión, sino con escrituras públicas registradas”, apuntó Caicedo. Comuneros denuncian conflictos en tierras rurales de la provincia de Santa Elena La Constitución de 1998 y del 2008 reconoce a las comunas la propiedad de sus tierras, y también garantiza el derecho a la propiedad privada. El dueño inicial tuvo la posesión de ambos terrenos, según registros de la propiedad, desde 1945. Casi cuarenta años después, en 1982, lo vende a una constructora, que en 2001 traspasa una parte del predio a la empresa Diacor S.A. y la otra a la CFN, que la remata en 2005. Raquilsa la compró y en 2014 le adquirió a Diacor S.A. el otro bien . (I)Raquilsa S.A. ha recibido del Municipio, en dos ocasiones, la autorización para construir un cerramiento, pero –según la firma– miembros de la comuna lo habrían impedido. Esto, para el abogado y docente universitario, Diego Romero, es un “atropello”. “Son compradores de buena fe, todo está conforme a la seguridad jurídica, si no qué compañía vendrá al Ecuador a invertir. (La comuna) debería reclamar a quienes fueron los que vendieron en su momento”, refirió el jurista.Actualmente, la empresa tramita una nueva solicitud en el cabildo para hacer la cerca perimetral.La empresa pidió en 2015 y 2018 la reubicación de los postes a CNEL, entidad que les contestó en 2020 que harían un estudio para la reubicación, pero aún no se lo cumple.

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