El Municipio de Quito rechazó las conclusiones de la Contraloría sobre la adquisición de trolebuses eléctricos que detectó un perjuicio económico y responsabilidades.
Tras un examen especial a los procesos de adquisición de trolebuses eléctricos y el acuerdo entre la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito (EPMTPQ), una dependencia del Municipio de Quito y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos proporcionados por la Unops, esa entidad de control estableció hallazgos, como que la adquisición se hizo sin acatar recomendaciones del Sercop ni condiciones del proyecto de inversión, omitiendo los procedimientos de contratación pública.
Además, para ese organismo los trolebuses eléctricos no cumplieron con las especificaciones técnicas del contrato, lo que originó que los vehículos no garanticen la seguridad integral y física de los usuarios.
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La defensa del Municipio de Quito
Sin embargo, el cabildo señaló que la compra de nuevos trolebuses se ejecutó con total transparencia, a menor costo que el presupuesto referencial, amparada en el marco jurídico nacional y bajo liderazgo de la Unops.
A decir del Municipio, la Empresa de Pasajeros tomó la decisión histórica de modernizar la flota de trolebuses, para lo cual actuó bajo todos los resguardos constitucionales, jurídicos y lo hizo en alianza con la Unops.
Esta oficina, adujo, está presente en 143 países y ha gestionado compras públicas en Brasil (infraestructura de salud), Argentina (equipamiento para escuelas), México (compra de cablebuses) y en Ecuador, con la adquisición de 311 ambulancias para el Ministerio de Salud y el IESS.
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Para el cabildo, las conclusiones del informe de la Contraloría carecen de un sustento técnico y legal, y no se han tomado en cuenta todos los justificativos que esta empresa ha presentado.
El proceso se realizó con apego a la Constitución, los convenios internacionales que respaldan el trabajo de las agencias de las Naciones Unidas en el país y la Ley de Contratación Pública y su reglamento, argumentó.
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“Cada vez que la ciudad muestra obras y resultados visibles surgen intentos de frenar nuestro trabajo, de sembrar desconfianza y de afectar la honra de funcionarios honestos”, señaló.
Indicó que esa empresa municipal ejercerá su legítimo derecho a la defensa, en ámbitos nacionales e internacionales, protegiendo el interés de la ciudad y el derecho de su gente a contar con un transporte público moderno, sostenible, digno y eficiente. (I)
