Militares intentan controlar en la frontera norte las rutas utilizadas para narcotráfico

TULCÁN Las operaciones militares arrojan resultados en la frontera norte. Cristian Unda, comandante del Batallón Mayor Galo Molina, sostiene que en Carchi han afectado a los grupos delincuenciales organizados en enero del 2024 en $ 2′700.000.El oficial advierte que en este año prevén golpear en aproximadamente $ 30 millones a estos grupos terroristas, como los ha denominado el Gobierno nacional tras la emisión del Decreto 111.Drogas, dólares, mercancías, armas, municiones, equipos, entre otros artículos, han sido retenidos por el Ejército.Los operativos buscan controlar las rutas utilizadas por el narcotráfico que comunican a Santa Fe y otras poblaciones fronterizas colombianas con la parroquia de Julio Andrade y La Victoria (Colombia) con la parroquia El Carmelo, ubicadas en la parte nororiental de Tulcán. Octavio Rosales, comandante de la Brigada Andes, señala que existirían 50 pasos fronterizos no autorizados identificados que comunican a Ecuador y Colombia, que son utilizados para el abigeato, trata de personas, contrabando de mercancías y tráfico de sustancias sujetas a fiscalización, moneda, armas, pertrechos militares, entre otros.En las acciones incluso se han localizado viviendas en comunidades situadas junto a la frontera con Colombia, en Julio Andrade, a 20 km de Tulcán, que son utilizadas como centros de acopio de droga y han inmovilizado $ 55.000 que portaban dos personas desde Colombia, quienes no justificaron su procedencia.Inteligencia militar presume que esos recursos provenían de los grupos armados colombianos y posiblemente iban a ser invertidos en la compra de armas que ingresan desde territorio peruano hacia Ecuador y Colombia.La presencia de estupefacientes, balanzas, elementos e insumos utilizados para la elaboración de drogas en uno de los inmuebles intervenidos prende las alarmas en los entes investigativos oficiales, que no descartan la intención de las organizaciones del delito transnacional de establecer laboratorios en territorio ecuatoriano.En el patio de otra casa de la ruralidad, en cambio, identificaron una mecánica en la que desarmaban automotores tipo Trooper presumiblemente robados, cuyas piezas eran comercializadas en las ciudades vecinas; no obstante, hay quienes aseguran que estos motores son adaptados en lanchas rápidas y botes que se dedican al transporte de sustancias prohibidas.En tanto que este martes, 6 de febrero, elementos militares procedieron a destruir por segunda ocasión un puente sobre el río internacional Carchi, en Angasmayo, que era utilizado por abigeos y traficantes de alcaloides y pertrechos militares colombo-ecuatorianos.Sorprende que pese a que fue semidestruido con dinamita el 12 de diciembre del año anterior, fue rehabilitado inmediatamente con recursos particulares. Unda anunció que continuarán destruyendo más puentes y obstruyendo trochas y caminos de segundo y tercer orden.El mismo día, las Fuerzas Armadas realizaron la destrucción de 20.696 unidades de material explosivo, 3.357 metros de mecha lenta y cordón detonante, 10 kg de ANFO y 25.326 fuegos de artificio, decomisados en distintas operaciones militares en Carchi e Imbabura.En otro orden, Cristian Unda, durante la última mesa de Justicia, organizada por el Consejo de la Judicatura, denunció que la Fiscalía solicita muchas veces los nombres de los miembros de los equipos de combate, procedimiento que realiza por petición de los abogados defensores de las personas imputadas, en una suerte de amedrentamiento.Aclaró el oficial que no pueden proporcionar los nombres por seguridad del personal. “Les hemos indicado que hay un oficial que está al mando y él es el responsable de las diligencias judiciales”, indicó preocupado.Frente a esta acusación, Juan Pablo Velasco, director de la Judicatura en Carchi, señaló que entienden la preocupación del Ejército sobre el pedido de que sean revelados los nombres de quienes son parte de un operativo.Velasco explicó que no se puede solicitar los nombres por temas de seguridad o porque se pueden filtrar los operativos, pero dijo que si hay una persona detenida y la Fiscalía requiere versiones para que puedan esclarecerse los hechos, está en todo su derecho. (I)

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