Alrededor de 6.000 hectáreas de cobertura vegetal han sido afectadas en el 2023 en Ecuador como consecuencia de los incendios forestales que azotan en ciertas provincias del país. Así lo detalló Gabriela Manosalvas, viceministra del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, en una entrevista en el programa El Mono López, transmitido por Radio City (89.3FM en Guayaquil).
Este año, a nivel nacional se han registrado 2.417 emergencias relacionadas con incendios forestales, un incremento del 20% de casos en comparación con el año pasado.
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En ese contexto, en una operación conjunta entre el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Servicio Integrado de Seguridad ECU911, y el Cuerpo de Bomberos, se lanzó la campaña ‘Juntos prevenimos los incendios forestales’.
Desde el 16 de agosto que se puso en marcha, hasta mediados de noviembre, los equipos de trabajo van a ofrecer actividades con el objetivo de sensibilizar y educar a la sociedad civil respecto a la problemática de los incendios forestales.
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Una de las actividades son cien charlas de educación ambiental y manejo integral del fuego.
“Esto va orientado principalmente a estudiantes de escuelas y colegios y a miembros de las comunidades que se ubican en las zonas de amortiguamiento de áreas protegidas que han sido priorizadas”, explicó Manosalvas.
También se desarrollarán ferias interinstitucionales con enfoque ambiental y agroforestal, además de un curso virtual, abierto para todo público sobre actividades de prevención. Las personas que completen el curso obtendrían un certificado.
De acuerdo a la funcionaria, lo importante de estas estrategias es que funcionen prevenir los incendios forestales, porque si bien se pueden coordinar reacciones rápidas ante este tipo de emergencia, el daño ya estaría hecho.
Agregó que también está estipulado en el art. 246 del Código Orgánico Integral Penal las sanciones para los responsables de iniciar un incendio forestal.
“La persona que provoque directa o indirectamente incendios o instigue la comisión de tales actos, en bosques nativos o plantados, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. (...) Si como consecuencia de este delito se produce la muerte de una o más personas, se sancionará con pena privativa de libertad de trece a dieciséis años”, asegura el documento legal.
Sin embargo, “es complejo” para las autoridades determinar quiénes son los responsables de un incendio forestal, a pesar de que el 99 % de incendios se producen por acciones humanas.
“La normativa existe, pero es complicado determinar el responsable porque cuando uno llega en función a las alertas que se generan, ya no están las personas que lo pudieron provocar”, expresó Manosalvas.
Por eso reiteró la importancia de implementar actividades preventivas. (I)