El Ministerio de Salud Pública (MSP) de Ecuador declara la obligatoriedad de vacunarse contra el COVID-19, que está basada en la Ley Orgánica de la Salud.

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De acuerdo al numeral 4 del artículo 6 de la normativa, una de las responsabilidades del MSP es declarar la obligatoriedad de las inmunizaciones contra determinadas enfermedades, en los términos y condiciones que la realidad epidemiológica nacional y local requiera; definir las normas y el esquema básico nacional de inmunizaciones; y proveer sin costo a la población los elementos necesarios para cumplirlo.

El argumento del Gobierno es el aumento de contagios, la circulación de nuevas variantes como ómicron.

Entre el 20 y 21 de diciembre, hubo un alza de 467 contagiados en el país. Además hubo un incremento en la ocupación de camas en las unidades médicas. En la unidad de cuidados intensivos (UCI), el porcentaje de ocupación oscila entre 24% y 77%.

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El MSP basa además su decisión en la Constitución pues se aduce que es un derecho del Estado garantizar la atención integral de salud o anteponer el interés general al particular.

En el documento, indicó esa cartera de Estado, se incluyó la resolución del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional sobre la presentación obligatoria del carné o certificado de vacunación en espacios de atención pública o para actividades no esenciales excluyendo salud, educación, trabajo y servicios públicos.

Pero la inmunización no es obligatoria para personas que presenten alguna condición médica o contraindicación.

Desde enero pasado, en Ecuador se lleva adelante un plan de vacunación que incluye dos dosis e inclusive ya se aplica una dosis de refuerzo a personal sanitario y adultos mayores, así como a personas con inmunosupresión.

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A la par, desde este jueves 23, se empezó a solicitar en algunos lugares el certificado de vacunación para el ingreso.

Para la ministra de Salud, Ximena Garzón, es una lástima que en ciertos lugares no se haya dado esta exigencia.

Afirmó que se han basado en las leyes que hay en el país.

“Como Ministerio de Salud Pública hemos declarado obligatoriedad para la vacuna contra el COVID justamente porque queremos proteger la salud de todos los ciudadanos”, dijo en una entrevista televisiva este mediodía.

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Garzón agregó que aún no se puede declarar que la ómicron sea de transmisión comunitaria en el país.

De acuerdo al Vacunómetro, una herramienta que permite seguir el proceso de vacunación, un 84,84 % de la población vacunable, es decir, la mayor a 5 años, ha recibido la primera dosis; y el 77,23 %, la segunda dosis. (I)