La situación de la viceprefecta de Azuay, Alexandra Quintanilla Zamora, podría complicarse.
Una jueza declaró la culpabilidad de la funcionaria como infractora y responsable de una contravención de tránsito tipificada y sancionada en el artículo 385.3 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), por conducir un vehículo en estado de embriaguez.
Le impuso una pena de 30 días de privación de libertad que cumplirá en el Centro de Privación de la Libertad de Infractores de Tránsito Mujeres de Cuenca (EMOV-EP).
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Además, se le aplicó una multa de $ 1.446 y la suspensión de su licencia de conducir por sesenta días.
Según la sentencia, el hecho ocurrió en la madrugada del sábado 28 de febrero, en la bajada de Todos los Santos y paseo 3 de Noviembre en la capital azuaya, lugar en el cual se realizaba un operativo de control de documentos y alcoholemia.
La audiencia se desarrolló en el Hospital de Especialidades José Carrasco, lugar en el cual estaba la viceprefecta por una aparente afectación a su estado de salud, aunque fue dada de alta.
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En el fallo judicial se menciona además que Quintanilla se negó a realizarse la prueba de alcotest y mencionó que no se sentía bien de salud.
Ella habría pretendido inducir al error a una agente civil de tránsito en el procedimiento, provocando una serie de inconsistencias con su identidad.
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El documento judicial incluye un testimonio de la agente, quien mencionó que, al solicitarle licencia de conducir y matrícula, la conductora se negó a entregar y mostró una foto de una licencia identificándose con otros nombres y apellidos.
Se ha justificado plenamente tanto la existencia de la infracción como la responsabilidad de la procesada, porque bajo juramento una agente civil de tránsito afirma que quien conducía el vehículo es la persona procesada, menciona una parte del texto.
El fiscal del Azuay Marcos Flores señaló que el caso de la viceprefecta se trata de una contravención de tránsito en la que la EMOV-EP tomó procedimiento.
“A través de redes sociales se está teniendo conocimiento de que posiblemente podría existir el cometimiento de un delito de acción pública; en este caso, Fiscalía procederá a realizar las investigaciones correspondientes para establecer si se trata o no de un delito de acción pública", dijo Flores.
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Agregó que son delitos en los cuales Fiscalía tiene, de oficio, que realizar las investigaciones correspondientes.
Indicó que no hay un plazo porque es su obligación constitucional efectuar las investigaciones cuando presume la comisión de un delito.
Agregó que no se ha oficiado a Fiscalía para que inicie indagaciones, pero que están prestos a iniciarlas.
Quintanilla solicitó vacaciones por 30 días. (I)
