Tulcán
A pocas horas de que entren en vigencia las nuevas tasas arancelarias a los productos de importación tanto en Colombia como en Ecuador, los gremios del comercio y el transporte internacional en la frontera norte empiezan a mostrarse más preocupados, debido a que no existen visos sobre un pronto encuentro bilateral que permita desmontar esta decisión.
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Nelson Cano, presidente de la Cámara de Comercio de Tulcán, comentó que la medida tendrá seria incidencia en la cadena logística del transporte y que encarecerá varios productos elaborados con materias primas ecuatorianas que son importadas por el vecino país, procesadas allí y luego retornadas al Ecuador ya elaboradas.
Aseguró que la medida fomentará el contrabando y delitos conexos, ya que el 30 % de tributos adicionales serán el mejor escenario para movilizar entre ambas naciones mercancías al margen de la ley por los más de 70 pasos fronterizos no autorizados.
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La vía que conecta a Tulcán e Ipiales con el puente internacional de Rumichaca registra por estos días una gran congestión de tractocamiones que pugnan por descargar mercaderías importadas que van hacia Ecuador o Colombia, antes que entren en vigencia los nuevos aranceles el próximo domingo, 1 de febrero, a la hora cero.
Más de 500 camiones, enlistados incluso en dos filas a los dos lados del viaducto binacional, esperaban el miércoles 28 de enero cruzar la frontera para realizar los procesos de desaduanización y nacionalización de mercancías, evitando caer en el pago del 30 %.
Este intenso movimiento de vehículos de carga podría incrementarse este viernes 30 y el sábado 31 de enero.
En los depósitos temporales de Tulcán e Ipiales, donde se acopian y distribuyen las mercancías, hay una intensa actividad; las labores se duplicaron en esta carrera contra el tiempo.
El tránsito de productos e insumos agropecuarios, vehículos, materias primas para la industria, aceites, enlatados, mariscos, medicinas, bienes de consumo, entre otros, se incrementó en esta semana, confirma Álvaro Lucero, presidente de la Asociación de Depósitos Temporales de Carchi.
El directivo reconoció que los previstos incrementos serán perjudiciales para este sector, ya que las importaciones se van a reducir.
Las almaceneras y bodegas de la zona mantienen una actividad económica que sostiene no solo al comercio internacional, sino también a los servicios de agenciamiento de aduana, transporte, distribución y abastecimiento regional, generando empleo directo e indirecto para miles de personas.
Tras el anuncio de los dos Gobiernos de aplicar los aranceles, según gremios, se afectarán miles de puestos de trabajo y familias que dependen del flujo comercial y la operación logística binacional.
Mientras que Édison Mena, presidente de la Asociación de Camioneros de Colombia, seccional Ipiales, consideró que habrá un escenario nada favorable para el sector transportador, debido a que estas decisiones presidenciales inconsultas terminarán golpeando a miles de motoristas de la frontera colombo-ecuatoriana.
Apuntó que provocará una recesión económica y coincidió con sus pares ecuatorianos en que esta decisión les abre las puertas al contrabando y a la delincuencia.
No obstante, él anunció que la medida obligará a su agremiación a tomar medidas de hecho que podrían incluir bloqueos en Rumichaca, ante la falta de sensibilidad de los dos Gobiernos.
Omar Guerrón, dirigente camionero de Ecuador, no concuerda con probables paralizaciones y conmina a los presidentes Daniel Noboa y Gustavo Petro a dialogar y a abolir la idea de subir la tasa de importación, que es ilegal y llevaría en el futuro a posibles sanciones por la Comunidad Andina de Naciones (CAN).
Un primer acercamiento se dio el pasado miércoles en Panamá. Autoridades de Cancillería de ambos países tuvieron un diálogo para avanzar en agendar una cita para tratar la tasa del 30 %.
En 2008, la Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN) ratificó que Ecuador debía levantar las tasas aduaneras y restricciones impuestas a importaciones provenientes de socios comunitarios (Colombia, Perú, Bolivia).
Estas medidas fueron consideradas una violación al Programa de Liberación del Acuerdo de Cartagena, al afectar la zona de libre comercio andina. En ese año, Ecuador impuso aranceles y tasas a productos andinos para proteger su balanza comercial, lo cual fue calificado como una medida unilateral y contraria a las normas de la CAN.
Tras la sanción, se exigió el desmantelamiento de dichas restricciones al considerarlas un costo ilegal sobre las importaciones.
Arancel del 30 % en Colombia pondría en riesgo la exportación de 60.000 toneladas de arroz al año
Este conflicto comercial se dio en un año de alta tensión diplomática, incluyendo la crisis tras la incursión en Angostura.
La CAN sancionó a Ecuador por proteger su economía mediante restricciones que violaban el libre comercio andino, por lo que pidió su levantamiento inmediato.
Los dirigentes y gremios esperaban que el foro económico de Panamá, al que asistieron Noboa y Petro, fuera el comienzo de los diálogos frente a este polémico tema; sin embargo, aquello no prosperó y la incertidumbre crece a menos de 48 horas de la aplicación de los aranceles.
Lucero, directivo de las almaceneras de Carchi, señaló que esta crisis debe ser asumida como una oportunidad para construir acuerdos integrales y sostenibles, que permitan ordenar el comercio fronterizo, fortalecer los controles y garantizar condiciones claras y estables para la operación logística a largo plazo.
Las empresas inmersas en las importaciones y exportaciones de Carchi y Nariño han manifestado su predisposición para brindar información y experiencia técnica y operativa para lograr soluciones que protejan el empleo, dinamicen la economía local y fortalezcan una relación comercial equitativa entre Ecuador y Colombia. (I)