La Fiscalía del Azuay investiga una presunta trama de estafa por captación ilegal de dinero que habría causado un perjuicio económico que bordea los $ 500 millones.
El caso, que inicialmente se tramitó como estafa y abuso de confianza, ahora se analiza como un posible delito de lavado de activos y se encuentra en manos de una unidad especializada en Quito.
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Las primeras denuncias se presentaron en 2024, cuando varias personas alertaron de que no recibían los rendimientos prometidos por inversiones realizadas a través de dos empresas radicadas en Cuenca.
Las compañías habrían ofrecido altos réditos mediante supuestas inversiones en activos digitales, pese a no contar con autorización para operar dentro del sistema financiero nacional.
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Según Leonardo Amoroso, fiscal provincial del Azuay, el proceso comenzó con denuncias individuales que luego se unificaron. “Inicialmente hubo una denuncia por abuso de confianza, pero posteriormente se presentaron varias denuncias por captación ilegal de dinero”, explicó ante los medios de comunicación.
Amoroso indicó que, tras acumular los expedientes y analizar información de organismos competentes, como la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y la Superintendencia de Compañías, la Fiscalía resolvió remitir el caso a la Unidad de Lavado de Activos. “Se decidió enviar la investigación a la Unidad de Lavado de Activos para que se investigue este particular”, señaló.
El fiscal reconoció que el número de personas afectadas es alto y que el perjuicio económico supera ampliamente las estimaciones iniciales. “El monto excede los $ 500 millones, incluso mucho más, porque existen inversiones de personas con capitales importantes”, afirmó.
De acuerdo con la investigación, las empresas, que mantenían vínculos operativos y administrativos, presuntamente captaban dinero con la promesa de multiplicar el capital en plazos fijos y con intereses elevados. Las víctimas entregaban montos significativos en dólares, confiando en que los recursos serían invertidos en criptomonedas u otros activos digitales.
Sin embargo, al aparentemente no recibir los rendimientos ofrecidos ni la devolución de su dinero, los inversionistas presentaron las denuncias ante la Fiscalía. El caso se concentra ahora en Quito debido a la competencia de la Unidad Especializada en Lavado de Activos, aunque los hechos investigados se originaron en Cuenca.
El abogado Francisco Zamora, representante legal de un grupo de víctimas, explicó a radio Tomebamba que las empresas involucradas fueron alertadas públicamente por la Superintendencia de Bancos. “Fueron boletinadas por no estar autorizadas para realizar actividades reservadas al sistema financiero nacional”, señaló.
Zamora precisó que una de las alertas se emitió en julio de 2024 y la otra en mayo de 2025, información que consta en los registros públicos del organismo de control. “Pese a estas alertas, las empresas continuaron recibiendo dinero”, sostuvo.
Según el abogado, ambas compañías compartían accionistas, representantes legales y directivos. “Funcionaban como un solo esquema: una empresa recibía el dinero y la otra supuestamente lo administraba en activos digitales para generar los réditos”, explicó.
El defensor indicó que existen al menos tres grupos de víctimas, representados por distintos abogados, cuyas denuncias se acumularon en una sola investigación. “Al inicio se investigó como estafa, luego como captación ilegal de dinero y ahora incluso se analiza una posible retipificación a lavado de activos”, detalló.
Zamora subrayó que este es un proceso en etapa de investigación previa y que todas las responsabilidades son presuntas. “Esto puede derivar en un archivo o en una formulación de cargos. Todo depende de los resultados de la investigación”, aclaró.
Uno de los aspectos que llama la atención de las víctimas es que los fondos ingresaron al sistema financiero nacional mediante depósitos bancarios formales. “El dinero se depositaba en cuentas de instituciones financieras en montos elevados y de manera reiterada”, afirmó Zamora.
El abogado cuestionó los controles posteriores sobre esos movimientos. “Cuando una persona deposita $ 10.000 o $ 20.000 existen mecanismos de control. Por eso surge la pregunta de qué ocurrió con las alertas internas y con el seguimiento de estos flujos de dinero”, manifestó.
Según Zamora, al menos entre 15 y 20 personas forman parte de los grupos que él representa, aunque considera que el número total de afectados sería mayor. “No todos han denunciado. Algunos todavía esperan recuperar su dinero mediante acuerdos informales”, indicó.
El fiscal Amoroso confirmó que la investigación es compleja debido al volumen de información y a la cantidad de personas involucradas. “Es un caso complicado, pero se está trabajando para obtener todos los elementos necesarios y que el proceso avance”, afirmó.
Por ahora, la Fiscalía mantiene el expediente bajo reserva, mientras continúa recabando información financiera y testimonios. (I)