En Ecuador, un juicio de coactiva es un procedimiento administrativo que permite a instituciones públicas cobrar deudas pendientes a personas naturales o jurídicas.
Este mecanismo se aplica cuando un contribuyente o ciudadano no ha pagado obligaciones económicas con el Estado dentro de los plazos establecidos.
Por ejemplo, puede ocurrir por impuestos no pagados al Servicio de Rentas Internas, aportes atrasados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, multas administrativas o valores pendientes con municipios u otras entidades públicas.
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Antes de que se inicie la coactiva, la institución debe haber determinado formalmente la deuda y notificado al ciudadano o empresa. Si el pago no se realiza dentro del plazo fijado, la entidad puede emitir un título de crédito e iniciar el proceso de cobro.
Una vez en marcha el procedimiento, la institución puede tomar medidas para asegurar el pago de la deuda. Entre ellas están la retención de dinero en cuentas bancarias, el embargo de bienes o la prohibición de vender propiedades mientras la obligación siga pendiente.
Aun así, las personas tienen derecho a presentar defensas o impugnar el proceso si consideran que la deuda no es correcta. También pueden cancelar el valor adeudado para detener las medidas.
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El objetivo de la coactiva es que el Estado recupere recursos públicos sin recurrir a procesos judiciales largos. (I)





