Gina Romero, directora de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (Redlad) y miembro del Foro Ciudadano de las Américas, afirmó que con la pandemia del COVID-19 muchos países bloquearon su acceso de información, lo que no permite que los ciudadanos analicen esa información. “Todos esos meses que el continente estuvo en emergencia afecta gravemente, y sí crea más ventanas para corrupción”.
¿Qué opina sobre la corrupción en países de la región?
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La corrupción aparece dentro de los primeros cinco problemas más importantes para la ciudadanía regional, al lado de temas como seguridad y delincuencia, desempleo, problemas económicos en general..., la gente todavía se enfrenta a la dicotomía de si aceptar o no la corrupción como fenómeno, así sea parte de un proceso que le ayuda a resolver problemas... América Latina tiene unas tasas de impunidad tan altas que creo que hay gente que se desincentiva a denunciar problemas de corrupción porque sabe que no va a pasar nada...
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¿Cómo ve a Ecuador?
Siento que ha desmejorado mucho el tema de vulneración a los medios de comunicación..., las violaciones a la libertad de expresión se duplicaron en 2019 comparadas al 2018 y eso muestra que hay un enfrentamiento, claro que Ecuador viene de un proceso difícil de tratar de volver a la institucionalidad, después de un periodo tan largo del expresidente (Rafael) Correa.
En la Cumbre de las Américas del 2018 se dieron recomendaciones a los países para prevenir la corrupción. ¿Se cumplen?
Desde Redlad con otros actores creamos el Observatorio Ciudadano de Corrupción para dar seguimiento a esos acuerdos que tomaron los países; 15 o 20 países están recopilando la información para preparar el primer informe nacional y regional, que debe salir en un mes, máximo dos (abril). Se pretende mirar cuáles son los vínculos entre la corrupción del sector público y la participación del privado, político y de otros sectores.
¿Ecuador entregó información?
Estamos triangulando la información. Los países del continente tienen leyes de acceso a la información y con el COVID-19, el año pasado, se vio que con los estados de emergencia se bloquearon mucho los accesos de información, porque el estado de emergencia hace que todo funcione distinto, y crea más ventanas para la corrupción, porque si nadie está mirando y tengo permiso para contratar más rápido y tomar decisiones sin consultas, el camino está más labrado.
¿Cómo cambiar esa realidad?
Toca fortalecer la capacidad moral del individuo de tomar decisiones, la sanción social, no podemos seguir viviendo culturas que benefician o ensalzan a personas que incumplen la ley; toca fortalecer la ley, porque qué sacamos con sacar leyes si finalmente la ley no la conoce nadie, no la cumple nadie, el sistema judicial está corrupto, debemos ver cómo cambiar la cultura de aceptación de lo corrupto, esa cultura de que la gente deje de pensar que lo fácil es lo que tengo que buscar, y cómo hacer para que no se siga premiando al rico que incumple, porque lo que también pasa es que la gente más pobre o de menos capacidad es la que tiene que cumplir con más normas, mientras que una empresa grande paga sobornos y actores de más recursos se saltan la ley porque tienen al juez amigo, a la policía amiga. (I)