El Gobierno de Ecuador lanzó la estrategia nacional de preparación y respuesta frente a la época lluviosa del 2026.
El plan busca proteger la vida, la infraestructura y los medios de vida de la población, con base en análisis técnicos, monitoreo permanente y una articulación interinstitucional a escala nacional.
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Con base en registros históricos, los meses de la época lluviosa tienen un mayor impacto en la población entre febrero y marzo, sobre todo en la región Costa, expuso la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR).
En el programa, según el ente, se cumple una etapa de análisis de las localidades con mayor incidencia de eventos e impactos durante la época de lluvias.
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En ese sentido, el programa revisa el nivel de probabilidad de impacto que presentan los cantones del país, ya que la ocurrencia de los eventos tiene mayor repercusión en zonas pobladas, la vialidad y el sector productivo, medido en hectáreas de cultivo y su interacción con las condiciones de susceptibilidad a movimientos en masa e inundaciones presentes en el territorio.
Además, la estrategia contempla el monitoreo, pronóstico y emisión de alertas, y la ejecución de un flujo de información para el seguimiento de amenazas.
En ese ámbito, el Inamhi emitirá los pronósticos de amenazas hidrometeorológicas con los parámetros que definan los niveles de advertencia o alerta, coordinando posteriormente la difusión de estos productos hacia las autoridades y población en general.
En paralelo, la SNGR tiene 18 unidades de monitoreo y la sala de situación nacional que generarán productos dirigidos a los tomadores de decisiones y población.
Asimismo, la SNGR se encarga de la conducción estratégica, normativa y técnica de la preparación y respuesta ante eventos adversos a nivel nacional. La estrategia contempla un trabajo transversal que busca fortalecer la capacidad de preparación y respuesta del sistema.
En ese sentido, se incluye la emisión de lineamientos estratégicos dirigidos a los gobiernos autónomos descentralizados cantonales y provinciales, a las instituciones del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos, a los sectores estratégicos y a las entidades de primera respuesta; así como el acompañamiento permanente al funcionamiento de los Comités de Operaciones de Emergencia en todos los niveles territoriales.
Además, se incluye la articulación del sistema nacional de búsqueda, salvamento y rescate; la rectoría del sistema de alojamientos temporales y la asistencia humanitaria; la coordinación interinstitucional de la respuesta a nivel nacional con base en el manual del Comité de Operaciones de Emergencia (COE); la aplicación del principio de subsidiariedad entre niveles territoriales; y la coordinación de las mesas técnicas y grupos de trabajo nacionales; así como la emisión de las líneas estratégicas y contingencias sectoriales construidas de manera articulada en dichas instancias.
Para la generación de insumos, las mesas técnicas de trabajo y grupos de trabajo nacionales ya han convocado a sus integrantes durante diciembre pasado para mantener una articulación previa ante un posible impacto de las lluvias.
Cada una de esas instancias se encarga de articular acciones sectoriales con base en protocolos, escenarios, sistema de alerta, informes de situación y la identificación de brechas y necesidades. (I)