Unas 50 personas protestaron este miércoles, 16 de octubre, en los exteriores de la Plataforma Financiera Norte en demanda de pagos a las dializadoras.
Cristina Freire, vocera de los centros de diálisis del Ecuador, señaló que fueron a pedir al Ministerio de Finanzas que asigne los recursos de pago.
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La deuda supera los $ 150 millones del Ministerio de Salud Pública (MSP), y del IESS más de $ 100 millones, que data de hace trece meses, señaló.
Esto, explicó, impide que los pacientes puedan hacerse los tratamientos debido a que no tienen los insumos ni recursos para pagar al personal.
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Otro factor que los afecta es la crisis energética, debido a que, a veces, no tienen fondos para comprar combustible y hacer que funcionen generadores eléctricos.
Agregó que hubo un ofrecimiento gubernamental de pago de todos los meses, $ 13 millones, es decir, una factura hasta diciembre. Sin embargo, no se ha concretado.
Según ella, unas mil personas han perdido la vida en los últimos cuatro meses debido a que no hay recursos económicos.
24.000 personas deben hacerse diálisis, 17.000 del MSP y 7.000 afiliados y pensionistas.
Pamela Luna, vocera de un grupo de centros de diálisis de Quito, indicó que la falta de pagos los motivó a que salgan a las calles tanto personal médico como administrativo y operativo, así como los pacientes.
En su caso, la deuda supera los $ 15 millones del Ministerio de Salud Pública, que data de mayo de 2023. En algunos casos han pagado junio o julio del año pasado.
Ellos, para seguir prestando el servicio, han recurrido a préstamos empresariales, créditos privados y venta de patrimonios.
El personal no ha recibido sus sueldos de cinco a seis meses.
Por el momento no ha llegado a cobrar por las sesiones de diálisis, pero servicios complementarios, como transporte o alimentación, ya no ofrecen.
Alfonso Chicaiza, de 65 años, fue una de las personas que participaron en la protesta con el objetivo de que se cancele la deuda.
Desde hace diez años tiene que someterse a diálisis, que se lo hace en una clínica.
Semanalmente se hace tres sesiones que no cancela, pero teme que tendría que pagar unos $ 70 por cada una en el futuro.
Freire mencionó que iban luego a la Asamblea para ver de qué manera los pueden apoyar. (I)