Declaran estado de excepción en seis provincias y toque de queda en 20 localidades de Ecuador

El Gobierno Nacional dispuso un nuevo estado de excepción desde este jueves, 3 de octubre.Esta medida estará vigente por 60 días e incluye a Guayas, Manabí, Los Ríos, Santa Elena, El Oro, Orellana, el distrito de Quito y el cantón Camilo Ponce, en Azuay. La nueva declaratoria se justifica por el estado de conmoción interna y conflicto armado interno.Esta nueva disposición fue emitida en un decreto ejecutivo de este 3 de octubre.Además, se dispone toque de queda en todos los 13 cantones de Los Ríos, y otras localidades, de 22:00 a 05:00, por 60 días.No se incluye a Guayaquil, pero sí a Durán, Balao y Tenguel en el toque de queda. Azuay Guayas Los Ríos Orellana “Las personas que circulen durante el horario temporal de restricción serán puestas a ordenes de las autoridades competentes”, señala el decreto.Del toque de queda quedan exentos los servicios de salud pública, servicios de logística, servicios de emergencia vial y otros de sectores esenciales. El Decreto Ejecutivo 410 detalla un incremento de hostilidades, delitos y presencia de grupos armados organizados (GAO) en las jurisdicciones mencionadas.Las Fuerzas Armadas y la Policía continuarán movilizadas en las provincias con estado de excepción para tratar de contener a los grupos criminales. Además podrán realizar allanamientos en estas jurisdicciones.En el decreto se indica que se suspende en las provincias de Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y en el Distrito Metropolitano de Quito de la provincia de Pichincha y, el cantón Camilo Ponce Enríquez, en Azuay, el derecho a la inviolabilidad de domicilio.La suspensión del derecho a la inviolabilidad de domicilio consistirá en la realización de inspecciones, allanamientos, y las requisas correspondientes por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, conducentes a la ubicación, registro de los lugares destinados a ocultarse las personas pertenecientes a los grupos armados organizados.Dentro del decreto se indica que se suspende la libertad de reuniones, pero se especifica que esto consiste en impedir acciones que atenten contra la seguridad y el orden público. (I)

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