Controversia entre Prefectura de Los Ríos y empresa por construcción de paso lateral Babahoyo-Jujan se dirime en la Corte Constitucional

La construcción del paso lateral Babahoyo-Jujan encierra una controversia entre la Prefectura de Los Ríos y la empresa Calademar, propietaria de camaroneras en un predio de 309 hectáreas que están en el área de influencia de esta obra.Este asunto se dirime actualmente en la Corte Constitucional. El gobierno provincial presentó un recurso extraordinario de protección, luego que la compañía lograra frenar el proyecto con sentencias favorables en instancias previas.Según la Prefectura, dicho recurso fue admitido a trámite el 21 de marzo de 2023 por la Corte Constitucional. El pasado 29 de julio se celebró una audiencia pública en la que la entidad provincial defendió la importancia del paso lateral como una alternativa estratégica a la congestionada E25, en el tramo Babahoyo- Jujan.Luego de esta diligencia, el 3 de octubre de este año se desarrolló la sesión ordinaria para tratar la causa y revisar el borrador de la sentencia. De ahí que ambas partes están a la espera del fallo.El prefecto Johnny Terán destaca la importancia de construir el paso lateral Babahoyo-Jujan, ya que más de 20.000 vehículos circulan a diario en este sentido. Actualmente ese volumen de carros pasa por el poblado de Jujan, en una vía de dos carriles, lo que genera un congestionamiento diario de 2 y hasta 3 kilómetros.El embotellamiento se forma en los dos sentidos, tanto del lado Los Ríos-Guayas como de Guayas-Los Ríos.”De la carga portuaria que se maneja en el puerto de Guayaquil solamente la nuestra, la de la provincia de Los Ríos, es el 40 % de la carga que saca Guayaquil a través de las exportaciones. Sin considerar que por aquí viene la carga de toda la Sierra, de Quito, del norte del país y de Santo Domingo, y una parte también de Manabí que pasa por esta vía”, expresa el funcionario.Terán señala que el 5 de mayo de 2022 las prefecturas de Los Ríos y Guayas firmaron un convenio de cooperación para la construcción del paso lateral. Y cinco meses después, el 4 de octubre de ese año, el gobierno provincial de Los Ríos publicó la licitación internacional de la obra para luego suscribir el contrato público el 25 de noviembre y empezar la ejecución de los trabajos.El costo de la obra es de $ 12′600.000.“Nosotros estuvimos ya hace muchos años planificando la obra. Y cuando nosotros estábamos en licitación y adjudicando y contratando la obra ellos (Calademar) recién estaban comprando un terreno”, manifiesta el prefecto.De su parte, Ricardo Noboa, abogado de Calademar, sostiene que la empresa compró el terreno y firmó las escrituras en julio de 2022 . Esa, según el profesional del derecho, es la fecha del otorgamiento de la escritura pública en la que constan 309 hectáreas.“Es decir, tres meses después (octubre) la Prefectura convoca una licitación para la construcción del paso lateral. Hasta esa fecha ya se había empezado la construcción de la camaronera correspondiente. Entonces nosotros al prefecto siempre le hemos dicho, siempre, ‘prefecto, no destruya una unidad productiva. No destruya eso, hay posibilidades de un retrazado’”, expone el jurista y remarca que la postura de la compañía no es oponerse a la obra.Y añade que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), instancia que según Noboa tiene la competencia de la vía, avala esa posibilidad.El prefecto de Los Ríos, Johnny Terán, cuestiona que la camaronera no tiene permiso ambiental para funcionar, puesto que para obtenerlo, según él, se requieren al menos de dos años y después otro periodo similar de transición. “Ellos fueron, compraron y metieron maquinarias ahí a trabajar”, dice.El funcionario indica que la vía tiene ya la licencia ambiental y en virtud de aquello ya no se puede otorgar esta para otras actividades.Ante aquello, el abogado Ricardo Noboa menciona que Calademar tiene permiso para ejercer la actividad camaronera dado por el Viceministerio de Acuacultura, cuenta con el permiso de construcción y de uso de suelo otorgado por el alcalde de Babahoyo.“No es verdad que no tenemos los permisos, no es verdad tampoco que nosotros somos los arbitrarios, porque nosotros compramos el terreno y empezamos la construcción antes de que él (prefecto) convoque al concurso del paso lateral. Y finalmente no se puede hacer una carretera sin tener la competencia. Y la competencia la tiene el Ministerio de Obras Públicas”, recalca el jurista.Terán señala que desviar el trazado inicial de la obra, la propuesta de Calademar, significaría un gasto adicional de $ 6 millones. Y en ese marco él defiende la facultad que tiene el gobierno provincial para expropiar el predio por tratarse de una obra para bien de la colectividad.El costo de la expropiación del tramo de la carretera es de $ 77.000, de acuerdo con el funcionario, ya que la afectación sería de 10 hectáreas. La Prefectura de Los Ríos prevé seguir con el trazado inicial del proyecto.Pero Ricardo Noboa, abogado de la empresa, refuta que la expropiación de la camaronera afecta a la unidad productiva completa, considerando piscinas, estaciones de bombeo y caminos. Eso tendría un costo de $ 18,5 millones, según el jurista.La empresa Caledamar, afirma el profesional del derecho, cuenta con un contrato de inversión con el Estado ecuatoriano que garantiza estabilidad jurídica por diez años. (I)

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