La Contraloría General del Estado (CGE) aprobó un informe de un examen especial al hospital general Monte Sinaí, identificando indicios penales y sugiriendo responsabilidades del mismo tipo y administrativas por un valor económico que supera los $ 4 millones.
La auditoría se centró en 43 procesos de contratación de dispositivos médicos, reactivos de laboratorio, gestión de desechos hospitalarios y medicamentos, cuyas operaciones sumaron más de $ 17,6 millones entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de mayo de 2025.
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Como resultado de la acción de control, la CGE sugirió establecer responsabilidades civiles por $ 3′784.616,26 y responsabilidades administrativas por $ 222.840.
Estas irregularidades se derivan principalmente de anomalías en los contratos de desechos hospitalarios, la adquisición de fármacos e insumos y la gestión de reactivos para el laboratorio clínico, según un comunicado de prensa de la institución.
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La Fiscalía General del Estado (FGE) ya ha recibido los indicios de responsabilidad penal para empezar las investigaciones correspondientes.
Irregularidades en reactivos de laboratorio
Uno de los hallazgos más llamativos se concentra en la gestión de reactivos de laboratorio. El análisis de 20 procesos de contratación reveló que 1′344.062 unidades de reactivos fueron descargadas del inventario institucional sin contar con resultados médicos que justificaran su uso. Esta omisión impediría conocer el destino final de estos materiales.
El valor de estos reactivos cuyo uso se desconoce asciende a $ 3′598.185. Esta cifra constituye la mayor parte del perjuicio civil detectado por la Contraloría.
La auditoría también detectó deficiencias en la fase de justificación de las compras.
En 42 informes de necesidad el personal responsable omitió incluir parámetros técnicos esenciales, tales como el stock disponible, el consumo mensual promedio y el tiempo de abastecimiento requerido. Estos datos son imprescindibles para determinar una necesidad institucional real.
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Asimismo, la Contraloría halló que en 38 informes las cantidades de productos solicitadas no coincidieron con lo aprobado en las actas del Comité Técnico de Farmacoterapia.
Estas inconsistencias documentales impiden confirmar si la adquisición de 1.205 ítems respondió a una demanda legítima del hospital o a intereses ajenos a la necesidad institucional, afectando la transparencia.
Problemas en la gestión de desechos y fármacos
Otro hallazgo relevante se registró en el contrato de prestación del servicio de gestión externa de desechos hospitalarios.
La auditoría encontró un perjuicio al Estado por $ 124.390,97 debido a inconsistencias detectadas en el pesaje de los residuos.
Entre el 11 de julio de 2023 y el 5 de mayo de 2024, las cifras detalladas en los manifiestos no coincidieron con los registros internos de las bitácoras de seguridad.
Respecto a los fármacos, la CGE identificó diferencias injustificadas en los inventarios. Al cruzar la información de ingreso a bodega con los certificados de análisis de lote se determinó, por ejemplo, que de un lote de magaldrato solo se produjeron 4.000 unidades.
No obstante, el hospital registró el ingreso de 11.219 unidades. Una discrepancia similar de 164.045 unidades de tabletas CBCAL se encontró entre lo facturado y lo ingresado, sumando un daño patrimonial de $ 47.674,33 por estas deficiencias.
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La Contraloría también revisó en la adquisición de insumos para determinaciones de hepatitis A y gasometría. Se determinó un perjuicio de $ 22.014,25 debido a que los contratos exigían una vigencia mínima de doce meses. Sin embargo, se ingresaron a bodega reactivos con menos de tres meses de vida útil restante.
Esta situación, aceptada en las actas de entrega sin garantías de canje, comprometió la sensibilidad técnica de las pruebas y ocasionó que no se justificaran el uso y el destino de 5.143 unidades, indicó la entidad.
Aparentes conflictos de interés y responsabilidades penales
Finalmente, la auditoría reveló la existencia de un vínculo operativo y familiar no declarado (consanguinidad de primer y tercer grado) entre tres oferentes. Esta relación les permitió asegurar la adjudicación de contratos para la compra de reactivos, afectando la transparencia de los concursos.
Las múltiples deficiencias y hallazgos detallados han generado la emisión de indicios de responsabilidad penal (IRP), los cuales han sido remitidos formalmente a la Fiscalía General del Estado (FGE).
Los posibles delitos a investigar se centran en la ejecución de los contratos para la gestión externa de desechos, la adquisición irregular de medicamentos y reactivos de laboratorio y las relaciones no declaradas entre los proveedores.
La Contraloría concluye su informe solicitando la aplicación de las responsabilidades civiles y administrativas. (I)