La Contraloría General del Estado aprobó un informe de auditoría correspondiente a un examen especial de varios procesos de contratación pública del Municipio de Cuenca, comprendidos entre enero del 2020 y el 31 de diciembre de 2024.
En un comunicado, la noche de este viernes, 5 de diciembre, la entidad presentó detalles de varios hallazgos detectados por el equipo de auditoría.
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Entre lo detectado, Contraloría expuso que se evidenció que el informe de necesidad y especificaciones técnicas del proceso de contratación para la adquisición de un vehículo para la primera autoridad del Municipio no tuvo sustento técnico y estudios previos.
Aquello, según la entidad, ocasionó que se limite la participación de otros oferentes, afectando los principios de igualdad y transparencia de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
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Más temprano, el alcalde Cristian Zamora había dado detalles del proceso. “El vehículo que se adquirió por informe de seguridad policial debido a los diferentes hechos probados de inseguridad y ataque que viví fue por un proceso de subasta donde se habilitó a más de un proveedor y se pujó a la baja”, apuntó.
La auditoría, además, detalló que “no se consideró la composición societaria en la calificación de la oferta presentada, ocasionando que se habilite y se adjudique el proceso a pesar de esta deficiencia constituyó causal para la descalificación de la misma”.
En el comunicado, Contraloría expuso que la selección del vehículo con las características requeridas generó el incremento de gastos de mantenimiento “repetitivos y prematuros”.
Además, entre otros detalles, el informe determinó que el automotor circuló por 3.581 kilómetros sin título habilitante y además fue manejado por una persona que no tenía licencia.
También se revelaron inconsistencias en cinco procesos de contratación, debido a “que los documentos que acreditaban el nivel educativo del personal mínimo, requeridos en los pliegos y términos de referencia, no fueron reconocidos por las entidades emisoras.
De igual manera, la entidad corroboró que otros dos procesos de contratación por régimen especial incluyeron servicios que no corresponden en tipo al procedimiento utilizado.
Como conclusión, esta acción de Contraloría sugiere sanciones administrativas por $ 63.350 e indicios de responsabilidad penal que se remitieron a la Fiscalía para el trámite pertinente. (I)