Hace 18 años, el Gobierno Provincial de Tungurahua puso en ejecución el plan de manejo de páramos y lucha contra la pobreza con la finalidad de recuperar la flora y la fauna de las zonas altas mediante la reducción de la carga animal y la prevención del trabajo agrícola.
Con este plan también se buscaba el aumento de agua en las vertientes y reducir los niveles de pobreza de la población, sobre todo de las comunidades rurales.
Dirigentes de organizaciones indígenas, autoridades parroquiales y comuneros admitieron que se evidencia un mejor panorama de los páramos y de las fuentes de agua; sin embargo, aseguraron que no se ha cumplido en su totalidad con la lucha contra la pobreza de la población.
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Argumentan que una muestra de esta aseveración es la migración no solo al exterior, sino también a las grandes ciudades del país, principalmente de los más jóvenes, pero asimismo de familias enteras que dejan las comunidades de las zonas rurales de Tungurahua.
Según el censo del INEC en 2022, la población de Tungurahua era de 563.532 habitantes.
A la par, según la Encuesta nacional de empleo, desempleo y subempleo de ese mismo año, la pobreza por ingreso era del 22,3 %, lo que representaba a 125.667 pobladores; y la pobreza extrema, el 8,6 %, equivalente a 48.463 habitantes.
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Meses atrás, en un recorrido con personal del gobierno provincial, se evidenció que algunas comunidades estaban volviendo a ocupar los páramos con animales y trabajando en la agricultura, incluso más arriba de la frontera agrícola, que es alrededor de 3.400 metros sobre el nivel del mar (m s. n. m.), manifestó Fausto Chango, presidente del Movimiento Indígena y Campesino de Tungurahua (MIT).
Lamentó que la actitud en las comunidades se debe a la falta de disminución de la pobreza en sus pobladores.
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Incluso, anteriormente, se entregaban alrededor de $ 100.000 por cada plan de manejo del páramo, pero ahora hay un promedio de $ 40.000, sostuvo. Agregó que eso no alcanza para proyectos grandes en beneficio de las zonas rurales.
Alonso Díaz, presidente de la junta parroquial de Pasa, aseguró que en la parroquia hay 5.600 hectáreas (ha) de páramos en conservación con dos planes, lo que representa aproximadamente $ 80.000, recursos de los cuales no se benefician casi en nada porque hay nueve comunidades, barrios y el centro parroquial.
“Ese presupuesto nos ha servido para pequeños proyectos, como el revestimiento de canales de riego, estudios para riego tecnificado, o se acumulan los recursos por algunos años para hacer algo un poco más grande. Pero, a pesar de eso, seguimos con el compromiso de bajar la carga animal y cuidar los páramos”, sostuvo.
Díaz añadió que esa cantidad de presupuesto no alcanza para reducir la pobreza que hay en las comunidades. “Por esa razón, nuestra gente, nuestra juventud deja abandonadas las comunas, porque migra a las grandes ciudades del país para establecer sus negocios comerciales y a otros países en busca de mejores días”, comentó.
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Asimismo, Antonio Chachipanta, presidente de la Asociación de Indígenas Evangélicos de Tungurahua (AIET), recordó que hace 18 años los tres movimientos indígenas lucharon porque el gobierno provincial obligó a sacar la carga animal de los páramos, una crianza de animales que servía a los comuneros para obtener recursos para las familias.
Pero luego hubo el compromiso de sacar la carga animal de los páramos a cambio “de una recompensa” para la ejecución de proyectos. Se comenzó con siete planes y en la actualidad son 40 en coordinación directa con las comunidades y las organizaciones de segundo grado, contó el dirigente.
Según él, los proyectos comunitarios son pequeños, con la entrega de pocos quintales de cemento o semillas; por esa razón, no se garantiza el buen vivir de las comunidades. Es decir, el resultado no es el que se esperaba para disminuir la pobreza en las zonas rurales o solucionar problemas como la dotación de agua potable y alcantarillado, expresó.
“En Quisapincha somos 18 comunidades y once barrios. Con los recursos de dos planes no se pueden solucionar los grandes y graves problemas de los sectores. Desafortunadamente no hay incentivo por el cuidado de los páramos y la recuperación de las vertientes; por esa razón, muchas familias prefieren migrar fuera de las comunas en busca de mejorar la situación económica”, señaló el dirigente indígena.
Chachipanta pidió que se controle el respeto de la frontera agrícola, incluso a través de la colocación de linderos, porque en algunas comunidades hay carga animal en los páramos o trabajos de tierra dentro de la frontera agrícola.
Proceso largo para cumplir el plan
Hipatia Hinojosa, encargada de la jefatura de la Unidad de Conservación Ambiental del Gobierno Provincial de Tungurahua, admitió que el plan de manejo de páramos ha sido un proceso bastante largo para buscar estrategias participativas e incluso la apropiación de los objetivos por parte de las comunidades.
Se inició con tres planes, luego fueron ocho, doce y en la actualidad son 40, cada uno con la misión de sostenibilidad y cuidado, en acuerdo con los pobladores de los sectores, quienes definen cuál es el área a conservar e incluso el límite de la frontera agrícola.
En Tungurahua hay 42.000 ha de conservación, en las cuales se baja de manera paulatina la carga de animales y el trabajo agrícola.
Reconoció que hay comunidades como en Llangahua, parroquia Pilahuín, cantón Ambato, donde, gracias a la misma gente, se redujo de 6.300 ha a 3.200 ha en conservación, avanzando más allá de la frontera agrícola.
También hay recuperación de las vertientes, como el caso de Rumipata, en Pilahuín, donde no tenían ni un litro por segundo de agua y actualmente poseen siete litros gracias a que el número de borregos bajó de 15.000 a aproximadamente 70. Además, se pudo diversificar la producción, tienen pastos, se dedican a la ganadería y se construyen proyectos de riego, añadió Hinojosa.
Para disminuir la pobreza en las comunidades rurales, la funcionaria señaló que se debería contar con el apoyo de todas las instituciones de Tungurahua involucradas en la conservación de los páramos para que no sea solo el gobierno provincial el que invierta sus recursos. A esto se suman los recortes económicos desde el Gobierno central y, por esa razón, desde la pandemia del COVID-19, ha habido retraso en la implementación de las actividades, argumentó.
“Las empresas públicas y privadas que se benefician del recurso del agua deberían ser parte de este proceso para implementar los proyectos que contribuyan a disminuir la pobreza, presentar alternativas productivas como medidas de compensación por el cuidado que realizan las comunidades y así evitar el avance de la frontera agrícola. El presupuesto asignado por cada plan es de $ 41.500”, refirió Hinojosa. (I)
