Comunidades indígenas asentadas entre la frontera de Colombia y Ecuador anuncian protestas ante destrucción de puentes

TULCÁN La destrucción de tres puentes artesanales sobre el río internacional San Juan en los sectores La Palma, Mayasquer, El Hojal, en las parroquias de Maldonado y El Chical, en el noroccidente de Tulcán, que comunican con más de veinte comunidades colombianas, genera malestar y reacciones en las poblaciones indígenas y campesinas.Miguel Caicedo, coordinador general de la organización Camawari, advirtió que si no hay respuesta de los dos gobiernos sobre la eliminación de los viaductos tomarán medidas de hecho desde la siguiente semana en los dos lados de la frontera y se movilizarán hacia el puente internacional de Rumichaca, donde habrá una protesta masiva.Piden pronta solución y la reposición inmediata de los ductos, más aún cuando habría trascendido que están en lista cinco puentes más que serían derribados.“Queremos que se respete la libre movilidad, así como los servicios compartidos de salud, educación, comercio, cultura en esa zona de frontera”, expuso.El pueblo awá asentado en Imbabura, Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos, en Ecuador, y Nariño y Putumayo, en Colombia, califica a estas acciones desarrolladas el pasado jueves 20 de febrero como arbitrarias y como un atentado que deja incomunicados a poblados indígenas y campesinos de ambos países.Desde el pasado viernes, la organización indígena colombiana Camawari viene acompañando a las comunidades del resguardo Nulpe Medio, Nulpe Alto, Río San Juan, en Colombia.Estas comunidades, asentadas en la frontera con Ecuador, se sienten afectadas tras la demolición de dos de los tres puentes en Puente Palo y El Hojal.José Nastacuaz, presidente de la Federación de Pueblos Awá del Ecuador, manifestó que la destrucción de estas estructuras ha dejado sin acceso hacia las dos naciones, generando una crisis en la movilidad, así como en el abastecimiento de bienes esenciales.La falta de vías carrozables del lado colombiano agrava aún más la situación, afectando la economía local y la conectividad entre las comunidades que dependen de estos pasos fronterizos para su desarrollo y sustento, añadió Caicedo.Ante esta problemática, la organización Camawari mantiene un diálogo permanente con las autoridades locales y nacionales, con el propósito de buscar soluciones que permitan restablecer la movilidad de las comunidades y garantizar sus derechos fundamentales.Asimismo, se hizo un llamado urgente a las entidades gubernamentales para que intervengan y brinden alternativas que mitiguen el impacto de este hecho en la vida cotidiana de los habitantes de la zona, y piden una reunión urgente con las Cancillerías y Ministerios del Interior de Ecuador y Colombia. Tensión en la frontera La organización Camawari, concejales de los municipios de Ricaurte y Cumbal, autoridades municipales, Defensoría del Pueblo y personeros estuvieron este sábado, 22 de febrero, en esos lugares con el propósito de verificar el impacto de la demolición.Las comunidades afectadas exigen la reconstrucción de los viaductos de madera y materiales de la zona, y demandan que cualquier acción futura sea consultada con los pueblos indígenas, conforme al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).Al final de una reunión en la comunidad de Tallambí, frente a El Chical, los indígenas levantaron su voz y redactaron una hoja de ruta. Pidieron en el documento una aclaración pública de la causa por la cual se destruyeron los puentes y si los dos gobiernos son responsables de estas acciones.Exigieron conocer las gestiones adelantadas por la Cancillería de Colombia para tratar este asunto en el marco de la diplomacia, los acuerdos internacionales y los convenios bilaterales entre Colombia y Ecuador.Además, llamaron a que se reconstruyan, conserven y formalicen los puentes en la zona fronteriza. También, que se garantice la reparación de la infraestructura destruida, priorizando el restablecimiento de los derechos afectados y que cualquier acción futura en el sector sea debidamente consultada con las comunidades indígenas en el marco del convenio internacional 169 de la OIT.Además reclamaron que se activen los mecanismos de protección y verificación internacional para evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir, garantizando el respeto a la soberanía y los derechos en la región fronteriza.A estos pedidos se anexan el reconocimiento y apertura de vías hacia las comunidades de la zona de frontera, la creación de un banco de maquinaria pesada, que los gobiernos se comprometan a no destruir los pasos ancestrales, que los gobiernos municipales y departamentales de Nariño realicen en ese lugar acciones para garantizar la movilidad en la zona de Numbí y El Hojal.En el pliego de demandas, además, advirtieron que habrá una movilización masiva hacia el puente internacional Rumichaca, probablemente en los próximos días, en las que participará el pueblo awá de las dos repúblicas.Las acciones realizadas por el Ejército ecuatoriano, el pasado jueves 20 de febrero a las 05:00, en las que se colocaron cargas explosivas para borrar los puentes, han dejado estas respuestas por parte de comunidades en la frontera ecuatoriano-colombiana.Las autoridades militares del Ecuador aseguran que buscan detener la ola de inseguridad en el noroccidente carchense, donde la minería ilegal está desbordando el orden público. En cambio, las poblaciones colombianas fronterizas, que son las más afectadas debido a que dependen de la carretera El Chical, Maldonado, Tufiño, Tulcán y Rumichaca, para ingresar a sus país por la falta de vías en ese sector de frontera, rechazan la demolición de los puentes.Los dirigentes indígenas colombianos reconocieron que la presencia de grupos armados en su sector genera preocupación y muerte. Dos dirigentes han sido asesinados en este año, sin embargo, creen que derribando puentes no se brinda seguridad. (I)

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