El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) ‘saludó’ la resolución de la Asamblea Nacional, en la que se determina la responsabilidad política por incumplimiento de funciones del ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, en el caso de la desaparición forzada y posterior muerte de los cuatro niños de Las Malvinas.
Este martes, 25 de febrero, la Asamblea aprobó la resolución en el proceso de fiscalización realizado por la Comisión Especializada Permanente de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes sobre la desaparición de los menores.
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A través de un comunicado, el organismo señaló que este paso “promueve la búsqueda de verdad, justicia y reparación frente a esta grave violación de derechos humanos ocurrida en contexto de estado de excepción y perpetrada por patrullas militares”.
Citó que el titular de la cartera de Defensa, al momento de conocer el caso, tomó “una posición estigmatizante y revictimizante hacia los niños y sus familiares”. Además, señaló el CDH, la autoridad minimizó el hecho.
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“Esta suma de escenarios revelan la incapacidad, inexperiencia y desconocimiento que tiene el ministro sobre el rol que cumplen las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad ciudadana y las obligaciones reforzadas que tienen en casos de grupos vulnerables como lo son niñas, niños y adolescentes”, detalla el documento difundido este martes.
El CDH manifestó que, bajo la dirección política del ministro de Defensa, han registrado más de 27 casos de desapariciones forzadas, mientras la Fiscalía investiga más de una docena de ejecuciones extrajudiciales y múltiples casos de tortura.
“Rechazamos la estrategia de obstaculización y encubrimiento del Ministerio de Defensa en algunas de las investigaciones que realiza la Fiscalía General del Estado, al declarar como reservada y confidencial la información sobre los nombres de los participantes en operativos militares que derivaron en desapariciones forzadas”, puntualizó.
El organismo reiteró que se requieren acciones contundentes, técnicas y planificadas para combatir el crimen organizado. “Es crucial articular las instituciones públicas, incluyendo las Fuerzas Armadas, pero también potenciar sus capacidades y asegurar que sus acciones tengan un adecuado direccionamiento técnico para evitar que sean utilizadas como instrumento político”, señaló en el pronunciamiento. (I)