El tema de la seguridad en Quito llegó a debatirse durante tres horas en el Concejo Metropolitano de la capital a inicios de esta semana. Hubo espacio para conversar sobre posibles soluciones ante el incremento de violencia con el que terminó la ciudad en 2025 y abrió el 2026.
“Yo me haré cargo de las estrategias 2026, tenga o no el apoyo del Gobierno Nacional”, fueron las palabras del alcalde Pabel Muñoz, quien planteó tres ejes para combatir las muertes violentas, la extorsión y los constantes robos en Quito. Actualmente, el Municipio mantiene distanciamiento e incluso controversias en distintos frentes.
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Pabel Muñoz anuncia más personal de seguridad: ‘Yo mismo voy a liderar la estrategia del 2026′
La creación de un Centro de Mando Estratégico (CQ5), sumar más personal a la Agencia Metropolitana de Control (AMC) y al Cuerpo de Agentes de Control, y seguir respaldando a la Policía Nacional, son los tres puntos principales con los que Muñoz apuntó para cambiar la situación en la capital.
Sin embargo, para el concejal Wilson Merino, hay observaciones. Para él se debería estudiar, en primera instancia, la financiación de esta obra.
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“A finales de diciembre surgió una consultoría por $ 250.000 para este centro, sin ningún tipo de sustento y tampoco estaba establecida en el presupuesto de 2026. La consultoría se cayó, pero me parece que debemos empezar por ahí, por la calidad del gasto”, manifestó él.
Asimismo, recalcó que la infraestructura para desarrollar una iniciativa de este tipo ya existe, pero no ha sido aprovechada.
“Al menos existen dos espacios en el edificio del ECU 911, en la parte superior; se le permitió al Municipio operar, pero no hay nada”, señaló.
Añadió que una situación similar se replica en la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop).
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“En la Epmmop, en el parque Inglés, existe un sistema integrado para el sistema de tránsito. Entonces me genera inquietud la pertinencia de querer construir un edificio adicional cuando ya existen espacios que pueden servir para este fin”, sostuvo el concejal.
Cuestionamientos y uso de recursos
Merino no dudó en opinar que este tipo de movimientos podrían tener tintes políticos, de cara a las elecciones seccionales de 2027.
“Durante tres años se ha hecho poco o nada alrededor de la seguridad ciudadana. Siempre ha dicho que es una competencia exclusiva del Gobierno Nacional y ahora, cuando estamos cerca de las elecciones, quiere construir un edificio para mostrar a la ciudadanía”, añadió.
Durante el debate del lunes anterior se expusieron exclusivamente temas de seguridad, se recalcó en todo momento que el Gobierno Nacional ha tenido un insuficiente apoyo para el Municipio en esa materia.
Ante esto, Merino dijo: “Primero debemos decir que los quiteños pagamos una tasa de seguridad. Si lo que dice el alcalde fuera cierto, que es una competencia exclusiva del Gobierno Nacional, habría que preguntarse por qué se cobra esta tasa; incluso habría que dejar de cobrarla”.
El concejal fue crítico al señalar que lo recaudado por esta tasa se destina a la Secretaría de Seguridad, entidad que —a su criterio— no ha sabido ejecutar de manera adecuada los recursos.
“El 85 % de la ejecución presupuestaria corresponde a gastos corrientes, es decir, sueldos y pagos administrativos. Mientras que la inversión apenas alcanza el 54 %”, apuntó Merino.
Por su parte, la secretaria de Seguridad, Carolina Andrade, detalló que la inversión destinada a la Policía Nacional desde el Municipio de Quito asciende a $ 12′815.440,57 hasta 2029.
De igual forma, el Municipio informó que ha invertido más de $ 7 millones en el Cuerpo de Agentes de Control y $ 1,8 millones en apoyo a las Fuerzas Armadas.
La funcionaria explicó que estos recursos están comprometidos hasta 2029 y se han destinado a la entrega de vehículos, herramientas e infraestructura.
Prevención versus reacción
Respecto a la estrategia de sumar personal en el Cuerpo de Agentes de Control y en la AMC, Merino consideró que se trata de un error, pues —según él— debería existir una cooperación integral entre todas las entidades.
“La salida es la polifuncionalidad de las competencias”, sostuvo el concejal, quien relató un episodio ocurrido semanas atrás. Contó que mientras conducía, un limpiaparabrisas golpeó su vehículo al no recibir una moneda.
“Frente a esta acción había un agente de tránsito, pero no pudo hacer nada porque no era su competencia”, relató.
El general en servicio pasivo Wagner Bravo, exjefe del Estado Mayor del Ejército, manifestó que el verdadero problema radica en la presencia de múltiples grupos delincuenciales que han ingresado al país vinculados a la producción y distribución de droga.
“Luego de las declaratorias de terroristas a los grupos delincuenciales y del conflicto armado interno, no hemos pasado a la ofensiva. La ofensiva es prevenir. Hoy pasa algo y se militariza la zona, pero eso es solo reacción”, señaló el especialista.
Según Bravo, la estrategia y el control de los tiempos los mantiene el crimen organizado, dejando al Estado sin iniciativa ni respuesta inmediata.
Comparó el momento que vive Ecuador con la Guerra del Cenepa en 1995, cuando —dijo— todo el país se movilizó en torno a un objetivo común.
“Ya van a cumplirse 31 años de la victoria del Cenepa y el movilizado fue todo el país. ¿Qué habría pasado si solo actuaban las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional? Esa guerra no la habríamos ganado”, reflexionó.
Para Bravo, las políticas de Estado son fundamentales, ya que —según afirmó— la justicia debería remar en la misma dirección, algo que actualmente no ocurre.
Todo este diálogo sirvió como un embudo para explicar una situación que, a su criterio, no es exclusiva de Quito, sino similar a la que atraviesan otras provincias donde se han perpetrado muertes violentas y delitos de alto impacto.
El exmilitar hizo un llamado directo al alcalde Pabel Muñoz y advirtió que la delincuencia no se detendrá si no se trabaja con las nuevas generaciones.
“Es ahí donde la droga, las armas y el dinero fácil están llegando con mayor facilidad”, enfatizó.
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“Los alcaldes tienen un rol clave en la prevención. No soy partidario de construir centros de mando o entregar motos y patrulleros, porque eso sirve para reaccionar, no para prevenir”, concluyó.
Finalmente, Bravo señaló que la falta de diálogo entre el Municipio y el Gobierno Nacional representa uno de los principales obstáculos para articular acciones conjuntas y llegar a acuerdos que beneficien a la ciudad.
En este contexto, Quito ha iniciado el 2026 con una serie de hechos violentos que han encendido las alertas, entre ellos asesinatos en el sur y norte de la capital, ataques armados en espacios públicos y hallazgos de cuerpos con signos de violencia, casos que continúan en investigación.
Estos episodios han profundizado la sensación de inseguridad y han puesto bajo la lupa si las estrategias anunciadas por el Municipio lograrán convertirse en un verdadero punto de inflexión o si quedarán, una vez más, en el terreno del debate político. (I)