El caso Las Malvinas ha entrado a la recta final. A un año de la desaparición y muerte de los cuatro menores de edad, el tribunal espera dictar su veredicto el próximo 22 de diciembre.
Diecisiete militares fueron procesados por el delito de desaparición forzada presuntamente cometido contra tres adolescentes y un niño en diciembre de 2024 en el sector de Las Malvinas, sur de Guayaquil.
La investigación se inició el 9 de diciembre de 2024 tras recibirse la denuncia de secuestro presentada por el padre de una de las víctimas.
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Al principio, la causa fue conocida por la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional (Fedoti) y posteriormente, el 22 de diciembre de 2024, fue transferida a la Unidad Especializada de Investigación de Uso Ilegítimo de la Fuerza.
Los menores Josué, Ismael, Nehemías y Steven, de entre 11 y 15 años, habrían sido detenidos por personal militar en las cercanías de un mall y trasladados en vehículos de las Fuerzas Armadas. Los uniformados de la FAE los detuvieron tras la alerta de un presunto robo.
Días después de la desaparición, los menores fueron hallados carbonizados en una zona de Taura. El 31 de diciembre de 2024, la Fiscalía determinó —mediante pericias de genética forense— que los cuerpos encontrados en Taura pertenecían a las cuatro personas menores de edad desaparecidas.
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Tras las investigaciones, la Fiscalía llamó a juicio a los militares Christian Eduardo A. Q., David Andrés C. A., Wilson Alfredo C. B., Carlos Xavier E. M., Jonathan Raúl G. P., Moisés Israel L. L., Lister Henry L. C., Brayan Olmedo N. L., Rodrigo Paúl N. P., Ronald Stalin P. T., Álex Xavier Q. A., Nelson Oswaldo S. Z., Jhon Eduardo T. M., Sergio Francisco V. B., John Henry Z. E. y Wilmer Danny L. C.
Además, el 11 de abril de 2025, la Fiscalía vinculó como cómplice al teniente coronel de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) Juan Francisco I. M.
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Según la investigación, el oficial habría tenido conocimiento del operativo militar, acudido al lugar de los hechos, levantado indicios y omitido entregar información de manera oportuna. Según la Fiscalía, eso entorpeció la búsqueda y el derecho de las víctimas a ser localizadas con vida.
Así, este caso se comenzó a procesar conforme al artículo 84 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que tipifica el delito de desaparición forzada y se sanciona con una pena privativa de libertad de 22 a 26 años. A eso se suman agravantes que pueden elevar la pena.
Las semanas de juicio: los militares colaboradores
El juicio contra los militares ha durado cerca de seis semanas. Allí los militares y la Fiscalía han presentado sus alegatos.
Dentro de este proceso, cinco militares decidieron ser cooperadores. Esto ayudó a obtener datos y permitió que los hechos se aclararan un poco más para entender lo que ocurrió.
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Nelson S., uno de los uniformados cooperadores, mencionó que uno de los menores se lesionó en la cabeza al golpearse con la trompetilla de un fusil.
El militar fue parte de la segunda reconstrucción de los hechos. En esta diligencia se recrearon los maltratos y las amenazas contra los menores de edad.
Las versiones también permitieron conocer que un subteniente disparó a unos centímetros de la cabeza de uno de los menores.
También se conoció que los chicos en Las Malvinas fueron obligados a desnudarse y que hubo conversaciones en un chat de asesoría militar.
Otro de los colaboradores, Carlos E., grabó el video de los menores en el balde de una camioneta. Las imágenes las envió a su hermana.
El jefe de la patrulla
El subteniente John Z. era el jefe de patrulla de la FAE la noche del 8 de diciembre de 2024, cuando ocurrieron los hechos.
A él se lo señala como autor directo en la desaparición forzada de los menores.
En el proceso, según las versiones que esgrimió la Fiscalía, el subteniente no informó sobre lo sucedido con los cuatro menores.
Además, los testimonios apuntan a que el subteniente ordenó ir por un camino de segundo orden en Taura.
Durante el proceso, la Fiscalía indicó que, cuando se fue a recoger la ropa, el subteniente no se refirió a que los menores fueron desnudados ni tampoco aludió a las agresiones.
La defensa del subteniente rechazó las acusaciones de los militares cooperadores eficaces y volvió a insistir en un supuesto testimonio de alguien que adujo que miembros de la mafia aparentemente se llevaron a los cuatro menores esa noche.
Pedido de prisión para jefe de patrulla y teniente coronel
Dentro de este proceso de alegatos, la Fiscalía solicitó una pena de 34 años y ocho meses de prisión para el subteniente John Z., comandante y jefe de patrulla.
A él se lo procesó como autor directo del delito de desaparición forzada.
Además, la Fiscalía solicitó una pena de siete años y cuatro meses de prisión para el teniente coronel Juan Francisco I. M., procesado en calidad de cómplice del delito de desaparición forzada.
Según el fiscal del caso, el oficial habría ordenado recoger las prendas de vestir de los menores hallados en Taura sin aplicar los protocolos correspondientes.
Durante la audiencia también se señaló que el teniente coronel habría grabado entrevistas a los militares implicados y que, presuntamente, ordenó al subteniente John Z., jefe de la patrulla, borrar los videos relacionados con los menores.
Asimismo, habría pedido omitir en los informes referencias a golpes, insultos, disparos y amenazas.
La patrulla y los colaboradores
La Fiscalía solicitó para diez militares una sentencia de 34 años y ocho meses de prisión en calidad de autores directos. Es la misma sentencia que se pidió para el jefe de la patrulla.
Para los cinco militares que decidieron ser cooperadores eficaces, la Fiscalía pidió 30 meses de cárcel por considerar que los datos ayudaron a aclarar el caso.
La sentencia del tribunal
Una vez culminada esta etapa, el tribunal entrará a deliberar para emitir una sentencia, en la cual podrá acoger el pedido de la Fiscalía total o parcialmente.
La justicia convocó la reinstalación de la audiencia para el próximo 22 de diciembre con el fin de dictar el fallo en este polémico caso. (I)
