Una canina de pelaje oscuro y cuerpo pequeño fue quemada viva en el intercambiador de Carcelén, en el norte de Quito, entre la tarde y noche del domingo 1 de junio.

Maní, como la conocían en el sector, se encuentra actualmente en estado crítico.

La Unidad de Bienestar Animal (UBA) informó que una fundación de rescate recibió la alerta y acudió al lugar para socorrer a la mascota.

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Sin embargo, al trasladarla a una clínica veterinaria, los médicos comunicaron que, debido a las graves quemaduras, no pueden garantizar su supervivencia. El pronóstico sigue siendo reservado.

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La entidad municipal calificó este acto como de extrema crueldad y confirmó que se están realizando las investigaciones correspondientes para identificar al o los responsables del ataque a Maní.

Asimismo, la UBA solicitó al ECU911 el acceso a las cámaras de videovigilancia del sector, y el lunes 2 de junio realizó un recorrido por la zona para recopilar testimonios de transeúntes y moradores que pudieran aportar información.

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Este lamentable hecho ocurrió en paralelo a las jornadas de adopción impulsadas por la UBA en tres puntos de la capital.

También se había desarrollado una caminata hacia la cascada La Escondida, donde participaron quince tutores con sus animales de compañía.

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Todas las mascotas disponibles en las jornadas de adopción, realizadas en la clínica veterinaria Pet Cow, el parque de Cumbayá y el parque Bicentenario, fueron previamente rescatadas en contextos de abandono, maltrato o riesgo.

“La violencia contra los animales es un delito que afecta a toda la comunidad, y solo con la colaboración de todos se podrán erradicar estas conductas inhumanas”, expresó la UBA en un comunicado oficial.

Cierres viales en la Mariscal, en Quito, por evento este martes, 3 de junio

Según cifras de la Unidad de Bienestar Animal, en Quito se reportaron más de 3.200 casos de maltrato animal durante el año 2023, de los cuales el 78 % correspondieron a perros y gatos.

La mayoría de las denuncias provino de las zonas norte y sur de la ciudad. Pese a los esfuerzos institucionales, menos del 10 % de los casos llegan a una sanción efectiva, debido a la falta de pruebas o testigos. (I)

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