Jueza acepta demanda de ‘habeas corpus’ por desaparición de menores de Las Malvinas

La noche de este martes, 24 de diciembre, la jueza Tanya Loor Zambrano aceptó la demanda de habeas corpus presentada por familiares de los niños desaparecidos en Las Malvinas.Para este día está previsto el desarrollo de la audiencia en la que se resolverá el recurso de habeas corpus presentado por familiares, con apoyo del Comité Permanente de Protección de Derechos Humanos (CDH), para solicitar que se determine la existencia fáctica de una desaparición forzada y se dictaminen mecanismos de articulación y búsqueda respectivos.Esta diligencia se extendió desde las 13:00 aproximadamente y tuvo un receso cerca de las 19:00. A las 20:30 se reanudó la cita para que se escuche la resolución de la jueza.Antes de la cita, en medio de un grupo de policías que se ubicaron en la puerta de una de las torres del Complejo Judicial Florida Norte, ingresaron familiares de los cuatro menores desaparecidos de Las Malvinas y representantes del CDH.La audiencia se realizó a puerta cerrada.Fernando Bastias y Billy Navarrete estuvieron entre los rostros visibles del comité en esta acción. En la cita comparecen representantes de Fiscalía, Fuerzas Armadas, Ministerio de Defensa y otras carteras de Estado.El CDH buscaba que el juez disponga la investigación penal por desaparición forzada para procesar penalmente a los uniformados que estarían implicados en este hecho.En la diligencia, Leonardo Alvear, en representación del Ministerio de Defensa, expuso que los menores no están bajo custodia de las Fuerzas Armadas.Además, detalló que los menores quedaron liberados y no existirían indicios de que fueron ingresados a la base.A su vez, el fiscal Christian Fárez, quien investiga la desaparición de los menores, afirmó que no existiría evidencia de que los menores hayan sido detenidos por haber estado involucrados en algún acto irregular. De ser el caso, explicó que debieron ser llevados ante la autoridad competente en atención a los adolescentes infractores.Eduardo Noroña, quien figuró como defensor del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, expuso que no se configura el delito de desaparición forzada.Sobre el desarrollo de la audiencia, Billy Navarrete, secretario ejecutivo de la CDH, expuso que hay evidencias claras de que los menores fueron detenidos por militares y que, al parecer, no existe ninguna evidencia documental sobre esas detenciones.“No está, al parecer, un informe, un registro, (que) es una cosa básica cuando una persona es privada de la libertad”, expuso y agregó que no se podía detenerlos y llevarlos a otro cantón para dejarlos abandonados.Sobre lo dicho por el representante del Ministerio de Defensa de que los menores no ingresaron al retén y los dejaron afuera, él también expuso sus observaciones.“Esa es una confesión de falta de protección ante unos niños, una situación de vulnerabilidad a más de 40 kilómetros de distancia de las casas de ellos”, expuso.Además, detalló que eso revela que no los entregaron a la Policía, en el peor de los casos, por esa presunta situación de robo.“Esa presunta situación de robo no ha sido tampoco evidenciada. No hay ninguna orden, no hay información documental que haya soportado ese robo, no hay nada. Es una versión al aire que ha sostenido el Ministerio de Defensa”, dijo.Luego de más de cinco horas, la diligencia tuvo una pausa de dos horas. Alrededor de las 20:30, la jueza emitió su resolución.La jueza, quien resaltó una serie de derechos vulnerados en el caso, dispuso que el Estado a través de los organismos de seguridad nacional y otras entidades competentes realice los actos investigativos pertinentes por este caso; además, la activación de protocolos de búsqueda necesarios para garantizar la búsqueda de los menores desaparecidos; que el Ministerio de Salud provea atención médica y psicológica a los progenitores de las víctimas y atención a los menores en el momento de su localización.Asimismo, la jueza ordenó que la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de la Mujer formen una comisión multidisciplinaria y multipersonal para que trabajen de forma inmediata en una investigación para tener respuestas del caso, independientemente de la función de la Fiscalía; además dispuso a la Defensoría del Pueblo que determine un proceso para que se dicten capacitaciones en ámbito de protección de derechos humanos, sobre todo en menores de edad en situaciones de emergencia, con el objeto de que las Fuerzas Armadas no cometan hechos parecidos al acontecido en este caso; y también a la Policía para la creación de un número especial que recepte información de este caso y diseñe un plan de recompensas.Entre las resoluciones, la magistrada también dispuso un lapso de treinta días para que el Ministerio de Educación se encargue de la creación de un documental educativo donde se ofrezca información a la ciudadanía sobre derechos humanos, especialmente de niños y adolescentes, en el contexto del estado de excepción y conflicto interno armado. Este debe incluir información sobre los límites de los agentes del Estado.Los menores, que desaparecieron el 8 de diciembre pasado, fueron capturados durante una acción militar.Según la versión del Gobierno, una patrulla militar que pasaba por la avenida 25 de Julio, en el sur de Guayaquil, observó un presunto robo a una mujer. En ese momento, los cuatro menores, de entre 11 y 15 años, fueron detenidos.El Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU ya dictó medidas cautelares en favor de los familiares de Ismael, Steven, Saúl y Josué, menores de Las Malvinas que están desaparecidos. Este era uno de los pedidos del CDH en este caso. (I)

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