El Municipio de Guayaquil rechazó la notificación de suspensión del catastro industrial emitida por la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (ARCH).
La administración municipal considera que la medida fue adoptada de manera intempestiva y en un momento que no puede ser considerado “casual”.
Audiencia de juicio del caso Triple A se vuelve a diferir sin fecha de convocatoria
El cabildo señaló que la decisión se produjo un día antes de la audiencia del alcalde Aquiles Alvarez, por el caso Triple A, lo que a su criterio, evidencia un uso reiterado de acciones administrativas por parte del Gobierno central como mecanismo de persecución política.
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Aunque la audiencia se difirió por tercera ocasión, debido a un recurso horizontal de aclaración y ampliación que presentó la defensa de uno de los investigados.
La Municipalidad sostuvo que las observaciones señaladas por la ARCH corresponden a recomendaciones mínimas sobre problemáticas que existen desde el año 2019.
Según el Municipio, durante más de cinco años no se ejecutaron acciones, sanciones ni alertas por parte de la autoridad competente, por lo que cuestionó por qué no se actuó antes y por qué la medida se adopta en la víspera de un proceso judicial considerado sensible.
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La suspensión del catastro industrial tiene un impacto directo en la operatividad de la ciudad, advirtió el cabildo en un comunicado.
La falta de combustible impediría el funcionamiento de volquetas, tractores, motoniveladoras, excavadoras, rodillos y gallinetas, lo que afectaría la continuidad de la obra pública y retrasaría trabajos esenciales en distintos sectores de Guayaquil, dice el escrito.
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Según la Municipalidad, esta situación perjudica a miles de ciudadanos que dependen de estos servicios, especialmente en labores de mantenimiento vial, obras de infraestructura y atención emergente.
“El freno a la ciudad no afecta a una persona, afecta a Guayaquil”, señaló el Municipio, al insistir en que la medida trasciende lo técnico y se inscribe en una lógica de hostigamiento institucional que termina impactando directamente a la población. (I)
