La Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces (Aemaj) rechazó las declaraciones del ministro del Interior, John Reimberg, sobre la actuación del juez Roberto Carlos Cueva Astudillo en una causa penal tramitada en Quito, al considerar que carecen de sustento jurídico y ponen en riesgo la independencia judicial.
Mediante un comunicado, el gremio señaló este 28 de enero que las afirmaciones del ministro desconocen principios esenciales del Estado constitucional de derechos y justicia, como la legalidad, el debido proceso y la autonomía de la Función Judicial, además de exponer a los operadores de justicia a posibles riesgos de seguridad.
El pronunciamiento se refiere a la causa, conocida el 22 de enero de 2026, en la que el juez Cueva Astudillo conoció la aprehensión de un ciudadano identificado con las iniciales T. T. L. X., por una presunta infracción relacionada con tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización.
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Durante la audiencia de calificación de flagrancia, la Fiscalía General del Estado solicitó expresamente que no se califique la flagrancia ni se formulen cargos, al determinar que no se cumplían los requisitos legales previstos en el artículo 527 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), según detalló la asociación.
En el comunicado se indicó que la Fiscalía estableció que la sustancia incautada, 12,52 gramos de marihuana, correspondía a consumo personal y que no existían elementos que evidencien su comercialización. En función de ello, dispuso que la causa continúe en fase de investigación previa, conforme al artículo 580 del COIP.
En ese contexto, la asociación sostuvo que el juez actuó dentro del marco constitucional y legal, sin facultad para proceder de oficio ni para iniciar un procesamiento penal inexistente, por lo que ordenó la libertad del ciudadano ante la ausencia de cargos formales.
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La asociación también aclaró que un presunto robo ocurrido el 15 de octubre de 2025, mencionado en declaraciones públicas, no se encontraba bajo conocimiento del juez ni podía ser tratado en la audiencia de flagrancia, al corresponder exclusivamente a la etapa de investigación previa a cargo de la Fiscalía General del Estado.
En su pronunciamiento, el gremio advirtió que la lucha contra el crimen organizado no puede utilizarse como pretexto para desinformar, estigmatizar a jueces ni debilitar a la Función Judicial.
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A su vez, la asociación concluyó con un llamado a garantizar una justicia independiente, técnica y firme, sometida únicamente a la Constitución y a la ley. (I)
