Entre reparos y reclamos se trató denuncia por abuso sexual de militares en mesa cantonal de la erradicación de violencia de género de Cuenca

Cuenca La investigación del presunto abuso sexual en donde se involucra a un militar de alto rango y su subalterna avanza, pero hasta ahora no hay una información clara al respecto de este caso ocurrido en un hostal.Una de las denunciantes fue trasladada a otra provincia y el tribunal interno del Ejército no halló elementos que lo vinculen a una falta administrativa.Esta semana, los altos mandos de la División del Ejército Tarqui acudieron a la mesa cantonal de la erradicación de violencia de género para que den cuentas sobre este caso que se hizo público el mes pasado, pero ocurrió, según las indagaciones, el 6 de marzo de este año.Esa fecha una conscripta y una subteniente denunciaron en la Fiscalía del Azuay presuntos hechos de violencia sexual, una de las víctimas pidió la baja del servicio militar.En el interior del Ejército también hay una investigación que involucra a cuatro militares, pero no existe aún una resolución. Además, en una primera resolución el Tribunal Militar determinó que los cuatro investigados no cometieron faltas atentatorias establecidas en la Ley de Disciplina de las Fuerzas Armadas.En este encuentro además de los uniformados participaron concejales, representantes de colectivos feministas y autoridades.Una de estas fue el fiscal encargado del Azuay, Roberto Espinoza, quien públicamente comentó que sobre esta polémica hay dos investigaciones abiertas, una sobre un presunto delito sexual y otra sobre trata de personas.En ambos casos se han practicado algunas diligencias, cuyo avance está limitado porque los aparentes afectados residen en una ciudad diferente a Cuenca y para cumplir las respectivas diligencias se debe coordinar con fiscales de esas poblaciones y luego remitir un informe a Cuenca porque aquí habría ocurrido el delito.Pero a pesar de estas limitaciones, aseguró, que están dentro de los plazos legales amparados en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) y en algún momento pasar de la investigación previa a la instrucción fiscal y luego a un eventual juicio. “No es posible dar datos y detalles exactos de qué se hizo en cada diligencia porque la naturaleza del delito es reservada”, dijo.Los minutos transcurrían y ante los múltiples cuestionamientos a los militares, quien respondió fue el capitán Emilio Solís, asesor legal de la Tercera División del Ejército. Él ratificó que a base de la Ley Orgánica de Personal y Disciplina de las Fuerzas Armadas y a los informes “que escucharon”, el Tribunal de disciplina interno estimó que no se configuró una falta y no hallaron elementos para sancionar por faltas atentatorias y por eso tuvieron que “bajarlo de nivel” dejando abierta la posibilidad de sí exista una falta grave. Y como aún no hay una sentencia en firme ellos no pueden acusar a su colega.El tema fue refutado por el concejal Xavier Bermúdez, quien citando el artículo 196 literal 14 de la referida norma en donde consta que es una falta atentatoria “incurrir en acciones que constituyan acoso o abuso sexuales en contra del personal militar o servidoras o servidores de la institución militar, debidamente comprobadas”. Los encaró a no lavarse las manos y que también investiguen a su compañero y no dejen todo en manos de la Fiscalía y decir “esto no configura”.Aquí, Solís retomó la palabra para decir que quien sí cometió una falta administrativa fue otra oficial mujer que fue a socorrer a su compañera porque abandonó el cuartel sin autorización.“Le llamó a las 5 pm y salió en auxilio a las 9 pm, cuatro horas después (…) y decir en la audiencia que salió por la puerta de atrás son situaciones administrativas” y también se molestó ante los comentarios de que esto se quiere tapar por un espíritu de cuerpo institucional.Estas declaraciones indignaron a otros participantes de la cita como la concejala Mónica Pesántez, quien tras decirles que quieren tapar esto a nombre de resguardar su nombre institucional, se retiró.Y en este contexto ratificó que los presuntos agresores siguen en funciones y la única acción tomada hasta el momento es haberlas separado de las víctimas. (I)

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