Un total de 150.000 hogares han sido afectados por desplazamiento interno forzado entre 2022 y 2024, según un informe presentado este martes por la Defensoría del Pueblo con apoyo de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).
La investigación estima que son más de 313.000 personas potencialmente afectadas y un 42 % se desplazó a raíz de la violencia y problemas de seguridad.
La persona desplazada, según la ONU, es aquel individuo o grupo obligado a huir de su hogar debido a conflicto armado, violencia generalizada, violaciones de DD. HH. o desastres, sin haber cruzado una frontera internacional, puntualizó el documento.
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Causas del desplazamiento forzado interno
Las causas estructurales del desplazamiento interno forzado, según el informe, son la inseguridad por el aumento de la violencia vinculada al tráfico ilícito de drogas y a actividades de grupos de delincuencia organizada; la vulnerabilidad geográfica y económica, por la ubicación estratégica entre Colombia y Perú, países productores de drogas, y las complicaciones económicas que ha enfrentado Ecuador; y la fractura social y el reclutamiento que, debido a la desigualdad y falta de oportunidades, generan espacios para que grupos delincuenciales recluten jóvenes ofreciendo dinero rápido, además de sentido de pertenencia.
Para la investigación se tomó información del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), del Ministerio del Interior, de la Fiscalía, y se hizo una encuesta de desplazamiento interno.
Entre los motivos para el desplazamiento interno están el robo con violencia, amenaza física por parte de pandillas, extorsiones, asesinatos, conflictos entre grupos delincuenciales, secuestros o raptos.
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Un 76 % de los hogares incluía menores y el 2 % ha sufrido amenazas de reclutamiento.
Voces y recomendaciones de expertos
César Córdova, defensor del Pueblo (e), señaló que en años pasados se han visto desplazamientos a Estados Unidos o países como España, pero no se ha analizado internamente.
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Agregó que las provincias desde donde sale la población son Esmeraldas, Los Ríos, Manabí, Guayas y El Oro y van hacia Pichincha, Azuay, Imbabura, Loja.
“Generalmente es en la Sierra donde el tema de inseguridad no ha sido tan recurrente como en la Costa por tráfico de drogas al exterior y la contaminación de contenedores, donde se producen las mayores inseguridades”, agregó.
Indicó que se debe poner atención para que los desplazamientos sean seguros, lleguen a casas de acogida hasta que encuentren un trabajo o un lugar para vivir.
El documento fue presentado en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).
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Su directora, Gioconda Herrera, mencionó que Ecuador tiene dos vecinos que han experimentado esta problemática y la han enfrentado con distintas respuestas. Agregó que también en México ha habido un desplazamiento interno, fenómeno que ha impactado de distintas maneras.
Para ella, hay que ver esas realidades para actuar de manera efectiva en el país y esa universidad de posgrado está abocada no solo a discusiones e investigaciones, sino también a experiencias de política para aportar.
Federico Agusti, representante de Acnur en Ecuador, expresó que abordar una situación de desplazamiento requiere un enfoque intersectorial amplio donde se trabaje en aspectos de prevención, sistemas de alerta temprana, protección social, pero también mecanismos de asistencia humanitaria.
El funcionario internacional añadió que se podrán construir mejores políticas públicas.
Entre las recomendaciones al Estado están establecer mecanismos que faciliten denunciar amenazas e identificar necesidades para ingresar al programa de protección a víctimas y testigos y que los gobiernos municipales promuevan acciones a fin de proteger a las personas desplazadas internamente. (I)
