El Servicio de Rentas Internas (SRI) denunció en noviembre del 2024 ante la Fiscalía General un perjuicio atribuido a la actuación ilícita de ciertos jueces: “A través de procesos de acciones de protección se desvanecieron obligaciones tributarias que ya contaban con sentencias firmes y ejecutoriadas, en una clara complicidad entre abogados, contribuyentes y operadores de la justicia”.
Ahora la entidad informó que como resultado de ello la Corte Constitucional dejó sin efecto dos sentencias emitidas por la Sala Especializada de lo Laboral de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, que obligaban a la institución a pagar millones a dos empresas por supuestas vulneraciones de derechos.
La Corte determinó que estas decisiones judiciales fueron emitidas con evidente abuso del derecho, según Rentas Internas, que detalló los casos:
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Uno es el de Koval Management Kovmanag S. A. La Corte determinó que los jueces vulneraron el derecho a la seguridad jurídica al aceptar una acción de protección con pretensiones improcedentes. Refiere la sentencia n.º 2012-22-EP/25.
Por esta razón, la empresa y todos los partícipes deberán devolver al fisco $ 6’822.613,33.
Otro caso es el de Constructora Carlo Poggi Barbieri S. A., en el que la Corte concluyó que los jueces provinciales desconocieron una decisión judicial anterior que ya había resuelto el mismo conflicto, lo que el SRI indica que se constituyó en una violación a la cosa juzgada.
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En este caso la empresa deberá devolver $ 2’516.854,86. Y se declaró que los magistrados actuaron con dolo, por lo que se dispuso remitir el expediente a la Fiscalía General para que se investigue si existió alguna infracción penal. Esto en relación con la sentencia n.º 3374-22-EP/25.
El SRI advierte que seguirá aplicando medidas para proteger los recursos públicos, frente a intentos injustificados de obtener reparaciones indebidas mediante el “negociado” de fallos judiciales.
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Según la entidad de recaudación tributaria, este pronunciamiento de la Corte Constitucional se alinea con los principios establecidos en la nueva Ley Orgánica de Integridad Pública. “Esta normativa busca precisamente erradicar prácticas que desnaturalizan el uso del derecho y lesionan la confianza ciudadana en las instituciones del Estado. La corrupción judicial no solo afecta a la Administración Tributaria, sino que atenta directamente contra el Estado de derecho y el interés colectivo”, indica en un comunicado. (I)
