El Servicio de Rentas Internas (SRI) denunció en noviembre del 2024 ante la Fiscalía General un perjuicio atribuido a la actuación ilícita de ciertos jueces: “A través de procesos de acciones de protección se desvanecieron obligaciones tributarias que ya contaban con sentencias firmes y ejecutoriadas, en una clara complicidad entre abogados, contribuyentes y operadores de la justicia”.