Pese a que el martes pasado se dio la primera reunión de trabajo sobre el proyecto de ley reformatoria a la Ley de Seguridad Social y a la Ley del Banco del IESS, en la Comisión del Derecho al Trabajo y Seguridad Social, presentado por representantes de la sociedad civil, el proceso no parece despertar interés ni apuro por parte de los asambleístas, ni las autoridades del IESS.

Este proyecto de ley, que es especial pues llega como una iniciativa ciudadana respaldada con firmas, busca reformar la composición del Consejo Directivo del IESS, del Directorio del Banco del IESS (Biess), convertir al Biess en banca de primer piso y que el Estado pague sus deudas con parte de las empresas públicas. Tiene 180 días de plazo para ser aprobada o negada, pero si no se cumpliera este procedimiento entra automáticamente en vigencia por el ministerio de la ley.

Henry Llanes, que lleva adelante la propuesta normativa que es auspiciada por el Frente Nacional Por un nuevo IESS; por la Asociación de afiliados, jubilados y pensionistas del IESS de Pichincha y otras organizaciones de jubilados del país, explicó que el martes pasado, en la primera reunión no estuvieron los asambleístas ni las principales autoridades del IESS (Alfredo Ortega, presidente, y Diego Salgado, director general).

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Sí participaron tres asesores de asambleístas y el jefe de Asesoría Jurídica de la Comisión. Del lado de los jubilados, en cambio, estuvieron catorce personas, entre dirigentes y técnicos especializados en derecho constitucional y laboral de la Seguridad Social y derecho parlamentario. También estuvo Fernando Mosquera, como asesor económico y financiero, y Jorge Escobar, experto en cálculo actuarial y matemático. Además habían participado tres asesores del Banco.

Henry Llanes (c), que lleva adelante la propuesta normativa que es auspiciada por el Frente Nacional Por un nuevo IESS; por la Asociación de afiliados, jubilados y pensionistas del IESS de Pichincha y otras organizaciones de jubilados del país. Foto: Tomada de la Asamblea Nacional

Llanes comentó que tras la primera reunión, los miembros de la sociedad civil que están impulsando la norma hicieron una evaluación de resultados y ahí el consenso general fue que es necesario contar con la presencia de los asambleístas, pues son quienes van a debatir la ley, no los asesores.

“Si los asambleístas no escuchan, cómo se van a nutrir de la información y conocimientos para el debate”, dijo. Lamentaron, además, que según su apreciación, los asesores no son especializados en el tema, ni tenían claro en qué consiste la iniciativa popular normativa. En todo caso, dijo, se les explicó claramente que existe un plazo de 180 días para tratarlo, pero que si no se termina, dicho proceso, la ley entra en vigencia automáticamente.

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Desde la Comisión, presidida por la asambleísta Rina Campain, se confirmó que la ley aún no ha sido socializada en sesión dentro de la Comisión y que lo que dio fue una mesa de trabajo solo con asesores para ir definiendo la hoja de ruta para el tratamiento de la ley. El próximo viernes 28 de abril se haría una nueva mesa de trabajo también solo con asesores y proponentes.

Llanes, dijo que durante la primera reunión se les comentó a los asesores que ya faltan 145 días para que se termine el plazo: “el tiempo es inexorable”. Dijo que sería deseable que los asambleístas traten la ley desde el principio. El plazo para tratar la ley empezó a correr el 15 de marzo.

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Es que el artículo 103 de la Constitución indica que:

  • La iniciativa popular normativa se ejercerá para proponer la creación, reforma o derogatoria de normas jurídicas ante la Función Legislativa o cualquier otro órgano con competencia normativa. Deberá contar con el respaldo de un número no inferior al 0,25 % de las personas inscritas en el registro electoral de la jurisdicción correspondiente.
  • Quienes propongan la iniciativa popular participarán, mediante representantes, en el debate del proyecto en el órgano correspondiente, que tendrá un plazo de 180 días para tratar la propuesta; si no lo hace, la propuesta entrará en vigencia.
  • Cuando se trate de un proyecto de ley, la presidenta o presidente de la República podrá enmendar el proyecto pero no vetarlo totalmente.

Por su parte, el sector de la sociedad civil proponente dijo que ya tiene previsto un plan para la socialización y discusión de la ley. Uno de sus objetivos será establecer los montos que adeuda el Estado al IESS, así como el estado del fondo de pensiones.

En este marco van a hacer varios pedidos de información a los representantes del IESS

  • Información anual 2010 - 2022 sobre cuáles son las prestaciones que tiene que cubrir el Estado de acuerdo con lo que dispone la Ley de Seguridad Social. Esto es atenciones a jefas de hogar, personas con discapacidad, con enfermedades catastróficas. Y cuál ha sido el monto solicitado por el IESS a Finanzas para cubrirlas. En contraparte, cuál fue el monto entregado por el ministerio y cuál sería el saldo.
  • El mismo pedido se hará con respecto a los valores solicitados por el IESS en cuanto al 40 % de contribución de pensiones y cuánto se ha entregado por parte del Gobierno. El mismo tema sobre la atención a jubilados.
  • También se buscará indagar sobre cómo la falta de pago del Estado ha desembocado en la descapitalización del fondo de pensiones. Y cuántos años durará dicho fondo, al actual ritmo de descapitalización.
  • También se pedirá información del costo de las atenciones de los hijos menores de 18 años de los afiliados. Se buscará que comparezcan los superintendentes de Bancos y Compañías.

La propuesta de ley en sus puntos más importantes busca:

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Cambio de composición del Consejo del IESS

Cambiar la composición del Consejo Directivo del IESS, de tres a cinco miembros. Así serán dos representantes de afiliados y sus suplentes, un jubilado y su suplente. El cuarto miembro será elegido por empleadores privados. El Ministerio de Trabajo elegirá a un quinto miembro por parte de las entidades públicas empleadoras.

Directorio del Biess será elegido por Consejo Directivo

Los cuatro miembros del directorio del Biess serán elegidos por el Consejo Directivo del IESS. Los elegidos deben cumplir un perfil técnico: conocer del mercado financiero y del bursátil.

Biess será banca de primer piso

El Biess podrá abrir ventanillas para clientes, sean o no afiliados al IESS. Los clientes tendrán cuentas bancarias y acceder a préstamos, pagos de servicios, tal como funciona cualquier banco privado en el país.

Pago de deudas con acciones del Estado

El Estado debe pagar con acciones de empresas estatales de los sectores estratégicos las deudas pendientes y los vencimientos de bonos. En este sentido, dice que las empresas de petróleo, de transmisión y generación eléctrica, minería, telecomunicaciones, deberían cambiar su figura a empresas de economía mixta en las que el Estado será el mayor accionista.