Tras la renuncia de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, que deja el cargo este martes 20 de mayo, después de seis años y 43 días, el sector empresarial se pronunció y reconoció la gestión de la funcionaria, cuyo periodo concluyó en abril pasado, pero se prorrogó porque el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) no ha concluido el concurso para escoger a su sucesor.