Petroecuador ya cuenta con el informe de valoración de sus 45 gasolineras que irán a la venta

EP Petroecuador ya cuenta con un informe de valoración para la venta de las 45 gasolineras como negocio puesto en marcha y su metodología para seguir su venta pública, dentro del proceso en el que el actual Gobierno está empeñado.Las gasolineras valoradas son, especialmente, las que se encuentran en frontera y que fueron declaradas de utilidad pública en 2013, durante el gobierno de Rafael Correa y que ahora volverían a manos privadas.El informe fue realizado por la empresa SummaServices S. A., empresa cuyo objeto social entre varios es la prestación de asesoramiento y ayuda a empresa y a las administraciones públicas en material de planificación, organización, eficiencia y control, información administrativa, etc. Esta fue declarada ganadora en un concurso de lista corta el 6 de junio pasado con una oferta de $ 361.000.La empresa tenía 80 días para la entrega del informe, lapso que ya se cumplió por lo que hace pocos días se realizó la entrega correspondiente. El contrato CNA No. 2022281 se firmó entre la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador, EP Petroecuador, representada por Francisco Germán Jácome Echeverría, subgerente de Mercadeo y Servicio al Cliente, y la empresa SummaServices S.A., representada por Federico Bocca Ruiz, en su calidad de gerente. Federico Bocca, gerente general de la empresa valoradora, indica a este Diario que el último informe ya fue entregado y que previamente se realizó un trabajo riguroso y extendido que incluyó visitar las 45 gasolineras in situ, verificar los activos, la propiedad de terrenos, entre otros temas. De manera general dice que la vía de la venta de las 45 gasolineras presenta una serie de desafíos pero también de oportunidades.Durante el proceso en primera instancia se dio un primer llamado en marzo del 2022, con un presupuesto referencial de $ 380.776,24 sin incluir el IVA y con un plazo de ejecución de cien días. Se invitó a las firmas consultoras: Bocca&Bocca Consultants S. A., Mardis Cía. Ltda., AndeanEcuador Consultores Estratégicos C. L., Levinassets Activos Corporativos del Ecuador y EY Addvalue Asesores, habilitados en el Registro Único de Proveedores (RUP). Sin embargo este proceso fue declarado desierto en abril pasado.En ese mismo mes se realizó una nueva convocatoria, esta vez a las empresas Internacional Training Provier by Competency S. A., Esignal S. A., Ingeniería para el Desarrollo Acurio y Asociados S. A., Plarecom S. A. y Summaservices S. A. Posteriormente, el 6 de junio de 2022, se adjudicó el contrato a SummaServices por el valor de $ 361.000 sin IVA.La empresa ganadora consta en el registro de la Superintendencia de Compañías como una empresa cuyo giro de negocio es la venta de prendas de vestir y peletería, comercialización de productos de cuero. Sobre este tema, Bocca comentó que posiblemente no se ha hecho la actualización del objeto de la empresa, pero mostró los documentos del Servicio de Rentas Internas (SRI) donde sí consta como una empresa dedicada a la asesoría de entidades públicas. La empresa constituida en 2011 tiene poca actividad económica. En el SRI los impuestos pagados fueron de cero dólares tanto en 2020 como en 2021. En 2019 registra un pago de $ 6.875,38 por Renta.Más allá del tema de la empresa, la venta de las gasolineras genera desde ya una suerte de debate sobre la conveniencia o no. José Gabriel Castillo, exviceministro de Economía y catedrádrito de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol), considera que valorar los activos de Petroecuador de la misma forma que de cualquier empresa pública es una tarea fundamental para promover condiciones de transparencia y eficiencia en la gestión de estas instituciones. En otros países, como en Colombia, la petrolera pública inclusive cotiza en la Bolsa de Valores.En ese proceso se debe determinar adecuadamente qué activos son productivos y generan rentabilidad, cuáles requieren repotenciación y cuáles definitivamente deben liquidarse porque su actividad perjudica la gestión y rentabilidad de la empresa. Para Castillo, el sistema de abastecimiento de combustibles de Petroecuador, a través de las gasolineras y distribuidoras a nivel nacional, cumple un rol estratégico, de seguridad energética. Considera que si bien el sector privado puede ampliar la cobertura de sus servicios, no es menos cierto que no tener un sistema de abastecimiento con control público puede generar varios inconvenientes , entre ellos, facilitar el contrabando, especialmente en frontera, y constituir un elemento de presión que impida la implementación efectiva de políticas y estrategias en el sector (como la focalización de combustibles o el control del margen de rentabilidad y precios de distribución).Castillo asegura que otros países de la región, como Uruguay por ejemplo, han optado por mantener una red pública de abastecimiento y distribución de combustibles, para garantizar la provisión del servicio y proteger al consumidor. En Ecuador es fundamental promover esquemas de competencia, sin debilitar la participación del Estado en un tema tan estratégico como la energía y combustibles.Entre tanto, Oswaldo Erazo, director ejecutivo de la Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo, dice que en estos momentos cuando se quieren vender las gasolineras es importante recordar cómo se realizó el proceso. En 2011, el gobierno de Rafael Correa a través del Ministerio emitió el acuerdo 257 publicado en el Registro Oficial 418 por el cual se inició el proceso de intervención y declararon de utilidad pública al menos 48 estaciones. “Eran privadas y pasaron a manos de Petroecuador, y el objetivo era reducir el contrabando en la frontera y por eso mismo reducir los subsidios”. Luego de varios años de lo ocurrido, considera necesario evaluar si esto ocurrió y si las gasolineras fueron o no rentables para el Estado.Recuerda además que pocos años después de la declaración de utilidad pública, ya en el 2015, Correa al parecer se dio cuenta de que fue un error y aseguraba que no entendía por qué Petroecuador tenía gasolineras. En ese mismo Gobierno se inició el proceso de venta de las 48 estaciones, pero en realidad se vendieron solo las rentables: la de la Amazonas y la de Ponceano en Quito, y la ubicada en la calle 25 de julio en Guayaquil. En el régimen de Guillermo Lasso se retomó el tema a través del decreto 095, que ahora está derogado por pedido del sector indígena.Sobre posibles peligros de que las estaciones en manos privadas pudieran servir para presionar al Gobierno, Erazo indica que la distribución de combustibles es un servicio público que no se puede paralizar, pero reconoce que la situación financiera de las estaciones es delicada y si se continúa de esta manera no habrá manera de adquirir el combustible. Comenta que si las estaciones de Petroecuador ahora registran pérdida, puede ser porque tienen costos más altos. Entre ellos, por ejemplo, los sueldos de los trabajadores, que están por encima de $ 700 como los de los trabajadores de la petrolera, y no como los del resto de estaciones que están cercanos al salario básico. (I)

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