Hasta el 15 de junio se deberá tener listo el mecanismo para el cobro de la tasa de fiscalización minera anunciada por el Gobierno, para a partir de julio empezar a aplicarla.
El Ministerio de Energía y Minas indicó que la tasa no constituye un impuesto, sino una contraprestación por el servicio público de fiscalización. El cálculo oficial es que representaría $ 229 millones de recaudación anual.
La nueva tasa que se cobrará a las empresas mineras irá destinada a reforzar el control técnico, legal y ambiental sobre más de 1,6 millones de hectáreas concesionadas a escala nacional y enfrentar la extracción ilícita de minerales.
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Su recaudación se utilizará exclusivamente para mejorar los procesos de supervisión, ampliar el número de operativos en territorio y garantizar el monitoreo continuo de las concesiones mineras, con cobertura en las 24 provincias del país.
La cartera de Estado explicó este martes 3 de junio del 2025 que el esquema se aplicará de manera diferenciada, según el régimen de minería: pequeña, mediana, gran escala y régimen general, y la fase del proyecto, incluidas las licencias de comercialización.
La minería artesanal estará exenta de esta tasa, y los pequeños productores no se verán afectados.
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Para la implementación de la tasa de supervisión y control minera se definieron cuatro fases:
- Implementación por resolución hasta el 1 de junio del 2025.
- Elaboración de los mecanismos de ejecución para el cobro de la tasa hasta el 15 de junio.
- Cobro del primer semestre proporcional para mediana minería, minería a gran escala y licencias de comercialización con corte al 30 de junio y con plazo de pago hasta el 31 de julio de 2025.
- Cobro del segundo semestre para mediana minería, minería a gran escala y licencias de comercialización y cobro único para pequeña minería con corte al 31 de diciembre de 2025 y plazo de pago hasta el 31 de enero de 2026.
Los cobros se harán con base en los mecanismos que disponga la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), que es la entidad a cargo de fortalecer su capacidad operativa en todo el país.
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El ministerio aseguró que la medida fue analizada con el sector minero entre el 19 y el 27 de mayo pasado, a través de los canales oficiales de Arcom, como parte de un proceso técnico, transparente y participativo. (I)
