Una nueva tasa a insumo que utiliza la industria camaronera suma $ 4 millones al año a sus costos de producción

Un nuevo control y tasa a un insumo químico, que entrará en vigencia desde el 1 de enero de 2026, impactaría los costos de la industria camaronera nacional con alrededor de $ 4 millones al año, calculó la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA). Se trata de un anuncio del Ministerio del Interior sobre la implementación de nuevos controles al metabisulfito de sodio para evitar su eventual desvío hacia actividades ilícitas. Esta decisión, de acuerdo con el gremio, implicaría la creación de una nueva guía y una tasa adicional que prende las alertas del sector camaronero. Para José Antonio Camposano, presidente ejecutivo de la CNA, este nuevo costo es un impacto directo en la competitividad del sector. “La nueva guía tendría un valor de $ 6,58 por emisión. Para las grandes empresas esto implicaría un gasto anual entre $ 30.000 y 50.000 diarios. A nivel de todo el sector, el costo agregado superaría los 4 millones anuales”, estima el dirigente. La CNA explica que en la industria camaronera, el metabisulfito es un insumo de uso plenamente legítimo y seguro, empleado como preservante para evitar la oxidación y descomposición del producto. Además, el sector ya cuenta con sistemas de trazabilidad que registran rigurosamente el manejo de sus insumos, por lo que considera innecesario establecer un trámite adicional que resultaría complejo de cumplir, especialmente para productores pequeños y medianos. En esa línea el gremio plantea aprovechar la guía de remisión del Servicio de Rentas Internas (SRI), incorporando en ella los campos necesarios para el registro del metabisulfito, en lugar de crear un documento adicional que incrementaría la carga operativa y económica. Asimismo, solicita revisar el cobro asociado a la nueva guía, dado que no constituye un servicio directo al productor y generaría un impacto significativo en los costos de la cadena productiva. Estas sugerencias son dos de las tres medidas inmediatas que el sector propuso el Ejecutivo para evitar que la aplicación anunciada genere cargas innecesarias. La tercera medida fue solicitar la ampliación del plazo de implementación previsto para 2026, permitiendo un ajuste ordenado y técnicamente viable. “El gremio confía en que, como en experiencias anteriores, se encontrarán soluciones técnicas que fortalezcan los controles sin perjudicar a la cadena de valor del camarón”, concluyó la CNA.

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