Una jueza de Portoviejo decidió quién será el representante de los asegurados ante el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), en medio de críticas y rechazo de la propia entidad, así como de la Superintendencia de Bancos, la Procuraduría y de varios sindicatos.
La tarde del viernes 23 de enero, la jueza Betsy Farías, de la Unidad Judicial de Familia de Portoviejo, falló a favor de una acción de protección planteada por una vulneración de derechos de Jorge Moncayo Chica, quien ahora se convertirá en el vocal de los afiliados.
La demanda constitucional fue impulsada por Silvio Cedeño Álava, representante de la Confederación Ecuatoriana de Empleados Municipales (CNEM), en razón de que la Superintendencia de Bancos, el 12 de diciembre, no calificó la idoneidad de Moncayo para ocupar el cargo, alegando falta de normativa previa legal.
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La selección de Jorge Moncayo ha causado controversia, enfrentando entre sí a grupos de trabajadores, sumado a los cuestionamientos del IESS, la Superintendencia de Banco y la Procuraduría, que se oponen a la designación y que apelaron la resolución judicial.
El nombre de Moncayo Chica fue seleccionado por cinco agrupaciones sindicales, incluida la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), que se autoconvocaron en una asamblea extraordinaria el pasado 1 de diciembre.
Justificaron esa reunión para elegir a la persona que llenará la “acefalía” de la vocalía, en reemplazo de Richard Gómez -quien renunció en octubre en medio de señalamientos- y la inhabilidad de su suplente Mercy Maldonado.
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Y que se amparaban en el Decreto Ejecutivo 571, de octubre de 2022, que expidió el reglamento para la designación del representante de los asegurados y de los empleadores del IESS, con base en normas vigentes ese momento.
Gómez y Maldonado también fueron integrantes de la CUT y llegaron al IESS en octubre de 2022, para un periodo de cuatro años, luego de ganar una acción de protección concedida por un juez de Quevedo.
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El accionante de la reciente demanda y el grupo que eligió a Jorge Moncayo Chica sostienen que no se hizo un nuevo proceso para escoger al vocal, sino que se actuó de forma excepcional para buscar un sustituto de Richard Gómez y que los asegurados no se queden sin representación, ya que ni el IESS ni el Consejo Nacional Electoral (CNE) han avanzado en la realización de un proceso electoral como disponen las últimas reformas a la Ley de Seguridad Social.
De tal modo que la persona que reemplazará a Gómez ejercería funciones por el tiempo que le faltaba completar al vocal titular, es decir, hasta octubre de 2026.
La audiencia de la acción de protección se celebró el pasado 19 de enero. En la diligencia, la defensa técnica del accionante expuso, entre otros argumentos, que la Superintendencia no podía negarse a calificar a Moncayo y que su actuación no fue correcta porque no podía dirimir si lo hecho por los gremios de trabajadores estaba bien o mal.
Por su parte, el IESS, la Superintendencia de Bancos, la Procuraduría General del Estado -entidades que fueron demandadas-, también los dirigentes de algunos gremios de trabajadores y jubilados, así como una abogada laboral argumentaron que es improcedente e ilegal la forma como se eligió a Jorge Moncayo. Y que, por tanto, no se vulneraron derechos.
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Por un lado, cuestionaron la competencia de la jueza para atender la demanda, dado que los hechos ocurrieron en Quito.
Explicaron que no existe base legal que atribuya a los sindicatos la facultad de autoconvocarse para elegir al vocal de los afiliados.
Y que tampoco es válido el proceso porque se fundamentó en disposiciones que ya no están vigentes, porque la Ley de Seguridad Social ha tenido varias reformas -la última en 2025- en las que se establecen nuevos criterios y parámetros para la elección de los vocales.
En ese sentido, el IESS informó que desde diciembre se han instalado mesas de trabajo con el CNE para llevar a cabo el proceso electoral correspondiente.
Los dirigentes de algunos gremios, como la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitaria de Trabajadores (Cedocut), rechazaron la actuación de la CUT y otros grupos. Reclamaron que no fueron convocados a participar en la asamblea del 1 de diciembre, por lo que Jorge Moncayo no los representaba.
La jueza que tramitó el caso analizó todos los elementos presentados por las partes y dio la razón al promotor de la acción de protección.
Farías resolvió que sí hubo una vulneración de derechos por parte de la Superintendencia de Bancos. Y señaló que aunque no existe norma expresa sobre la autoconvocatoria de los sindicatos, estos no tenían impedimento para proceder como lo hicieron.
Tras conocerse el fallo, los abogados de las instituciones demandadas apelaron inmediatamente.
No obstante de aquello, Jorge Moncayo Chica asumirá la vocalía de los afiliados, ya que la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales dispone que la interposición del recurso de apelación no suspende la ejecución de la resolución, explicó la abogada Patricia Borja, experta en seguridad social.
La jurista participó en la causa con un amicus curiae en contra de la elección de Moncayo. Cuestionó la decisión judicial y comentó que el caso es similar a lo que ocurrió con la acción de protección que permitió a Richard Gómez ser vocal.
“Esta decisión representa que una jueza aplicó y ordenó la aplicación de una norma que ya no forma parte del ordenamiento jurídico desde el 1 de noviembre de 2022, me refiero al Decreto Ejecutivo 571. Eso es un quebrantamiento total al derecho a la seguridad jurídica”, dijo Borja. (I)
