Estas son las provincias que consumen más cigarrillos de contrabando, ¿por qué lo hacen y a quién termina beneficiando?

El consumo de cigarrillos provenientes del contrabando llegó a su máximo histórico en 2023, llegando a un 84 % del consumo total. Así, el mercado legal de cigarrillos en Ecuador alcanzó apenas un 16 %.Las cifras son parte de un estudio que analizó la realidad nacional y que hace un acercamiento al comportamiento del consumo por provincias:En cambio, en la Sierra las provincias que más consumen cigarrillos de contrabando son:La empresa investigadora Invamer junto con la Universidad Dos Hemisferios presentan los datos para su discusión en un panel en el que también fueron invitados el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (Senae), la Policía Nacional y Agencia Metropolitana de Control del Municipio de Quito.Las cifras generan gran preocupación, más aún cuando se considera que este delito del contrabando está relacionado con el financiamiento de lavado de activos y narcotráfico que ahora mismo azota al país. En la invitación al evento, que incluía una venda negra, se explicaba: “El contrabando tiene algo que no ves. Abre los ojos. Financia al narcotráfico”“La alta incidencia del comercio ilícito de cigarrillos fomenta el recrudecimiento de otro tipo de delitos como el lavado de activos y el narcotráfico. Sin duda, en el contexto actual de Ecuador, esto tiene impacto en la reciente crisis de seguridad”, explica Martín Orozco, gerente general de Invamer, empresa consultora encargada de realizar dicho estudio, que también ha sido avalado por la Universidad de los Hemisferios.Orozco agrega que para este estudio se realizaron un total de 1.024 encuestas a hombres y mujeres, entre 19 y 64 años para determinar el porcentaje de cigarrillos ilegales y establecer su consumo por marca.Otro de los hallazgos del estudio ha sido que además de afectar al comercio legal, este contrabando y venta ilegal afectan al Estado, pues en 2021 y 2022 se dejó de recaudar más de $ 270 millones cada año por evasión al impuesto al consumo especial de cigarrillos.De acuerdo con el estudio de Invamer, el crecimiento del ilícito tiene como factor determinante el precio. Esto, debido a que los cigarrillos ilícitos son comercializados bajo un precio promedio de $ 2 frente a los cigarrillos legales con un precio promedio de $ 7. Es decir, existe una brecha de casi 4 a 1 que influencia la compra debido al impacto directo que tiene en los bolsillos de los consumidores.Es importante mencionar que cada unidad de cigarrillo legal tiene una carga de impuestos de $ 0,16 debido a las reformas tributarias realizadas en 2015 y 2016 que representaron un incremento del 73 %. A raíz de estas decisiones fiscales, la incidencia del contrabando ha crecido año tras año del 5 % (2015) al 84 % (2023) y el Estado ecuatoriano ha dejado de recaudar alrededor de $ 270 millones anuales en impuestos correspondientes a cigarrillos legales. Es decir, más de $ 2.000 millones en ocho años. Es importante recalcar que si bien las reformas tributarias tuvieron como objetivo desincentivar el consumo de cigarrillos, este se mantiene y ha migrado a productos ilegales.Las marcas ilegales que mayor participación tienen en el mercado provienen de Asia con un 72 %. Entre las marcas más comercializadas se encuentran Carnival y Silver Elephant. Las marcas, cuyo origen es ilícito, ingresan al país de manera ilegal a través de puertos y fronteras y son más económicas debido a que no pagan impuestos, no cumplen con las advertencias gráficas de salud ni con los estándares de calidad, logística y almacenamiento que exige la normativa.En cuanto a la comercialización de cigarrillos ilegales, esta se da principalmente en tiendas de barrio y a través de comerciantes ambulantes. Es decir, la disponibilidad de estos productos se encuentra abierta y requiere de mayores controles por parte de autoridades para así reversar una tendencia que muestra cifras críticas y altas posibilidades de que en pocos años se tome la totalidad del mercado. El llamado a la acción se torna urgente, sobre todo en el actual contexto en el que el Estado le ha declarado abiertamente la guerra al crimen organizado que encuentra en el contrabando una de sus principales fuentes de financiación. (I)

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