En materia económica, el Gobierno ha buscado recomponer la institucionalidad afectada tanto en el área de las finanzas públicas como en la relación con mercados internacionales. Lo ha hecho en al menos tres frentes: en el ordenamiento fiscal, con una serie de medidas sobre ajuste del déficit y transparencia de la deuda; en lo monetario con una mayor acumulación de las reservas internacionales; y en lo petrolero con el retorno de reglas del mercado más claras. Así lo ven analistas y el propio Gobierno al hacer una evaluación de la gestión en los once meses de Gobierno.

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De acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas, su gestión se ha enfocado en unas finanzas más ordenadas, reclasificación de gastos y más transparencia en la deuda. En 2021, el déficit fiscal del PGE fue mejor que lo esperado y llegó a $ 3.700 millones (3,5 % del PIB), cuando en el 2020 (año de pandemia) superó los $ 7.100 millones. Esto se logró gracias a una mayor recaudación tributaria, control de la evasión, mayores precios del petróleo y optimización del gasto público. Para el 2022, se espera reducir más el déficit fiscal que bordeará el 2 % del PIB.

Entre tanto, el Gobierno considera como un hito en el tema de la institucionalidad la vigencia de la Ley para el Desarrollo Económico. Esta permite contribuciones tributarias permanentes y temporales, cumpliendo con los principios de equidad y progresividad, que permitirán recaudar $ 1.900 millones de recaudación en 2022 y 2023.

Poco a poco, el Gobierno ha ido cerrando las brechas de deudas heredadas. Como no sucedía anteriormente, el MEF está al día en el pago del Modelo de Equidad Territorial (MET) a los GAD. En el periodo de gestión del Gobierno les ha transferido $ 2.255 millones por este concepto. Se ha cumplido con el pago de deudas heredadas por la devolución del IVA por $ 224 millones. En cuanto a proveedores, las deudas están prácticamente al día, pues al 28 de abril pasado la diferencia entre lo facturado ($ 2.647,7 millones) y propiamente pagado ($ 2.599,1 millones.) para bienes y servicios, era de $ 48,6 millones.

Pese a ello, hay problemas como la deuda con el IESS, tanto del 40 % como de la de salud, que son una bomba de tiempo.

Otro tema de corrección institucional ha sido clasificar correctamente gastos del PGE por un monto de $ 1.500 millones. Estos gastos previamente fueron clasificados como gastos no permanentes.

El ministerio destaca que generó un nuevo boletín de deuda donde se incorporan elementos que antes estaban ocultos: se han actualizado las estadísticas para incorporar obligaciones que anteriormente no estaban registradas como deuda.

Para Jaime Carrera, secretario ejecutivo del Observatorio de la Política Fiscal (OPF), en el actual Gobierno se han ejecutado ciertos cambios que ya se normaron en el gobierno de Lenín Moreno con la Ley de Reordenamiento de las Finanzas Públicas y la Ley de Defensa de la Dolarización. Esto es positivo, pues las finanzas se vuelven sostenibles para no seguir dependiendo ni de los entes multilaterales ni de deudas más caras desde otras fuentes.

Reservas Internacionales crecieron casi $ 3.000 millones en este año

En cuanto a la política monetaria, dice Carrera, el Gobierno aplicó la creación de las Juntas de Política, la una Monetaria y la otra Financiera y con ello ha retornado la autonomía del Banco Central. Esto, porque en el correato se había convertido al Banco Central en un ente adscrito a la Presidencia y de esta manera había perdido su calidad de tercero confiable.

El cambio también es visible en la acumulación de reservas y la restitución de los cuatro sistemas del BCE, que fueron anulados en el correato, comentó Carrera. Efectivamente, las reservas internacionales han tenido un crecimiento importante, aunque aún no terminan de cubrir el el 100 % de pasivos exigibles que tiene el Banco Central.

Al 22 de abril del 2022, las Reservas Internacionales (RI) sumaron $ 8.809 millones. El propio Banco Central anunció recientemente que los sistemas primero y segundo ya estaban siendo cubiertos por las Reservas Líquidas, que es lo sano y prudente.

De esta manera, el Sistema de Canje y Reservas Financieras, que incluye la emisión monetaria y Reservas Financieras, sumó $ 6.766 millones; por lo tanto, la RI cubre el sistema de Canje y Reservas Financieras en el 130 %, con un superávit por $ 2.043 millones en dicho sistema. Sin embargo, los pasivos exigibles totales llegan $ 14.797 millones, por lo que en cuanto a la cobertura total aún falta el 40 %.

De acuerdo con los datos publicados periódicamente por Asobanca, las Reservas Internacionales (RI) hace un año exactamente sumaron $ 5.961 millones, pero los pasivos exigibles eran de $ 12.546 millones, el 62 % de déficit en la cobertura, mientras que las reservas cubrían el sistema de Canje y Reservas solo en 87 %. Es decir hubo un crecimiento de casi $ 3.000 millones.

La fotografía actual dista mucho de la del tiempo del correato cuando el Gobierno tomó dinero de la Reserva, que no es del Gobierno sino de terceros (bancos, Gobiernos Autónomos, IESS) y se lo prestó (a través de facilidades de liquidez) al Ministerio de Finanzas, entidad que, a su vez, le dio a cambio bonos. Justamente, entre las medidas proyectadas, ahora está el recomprarle esos bonos para recomponer las cuentas del BCE.

Carrera reconoce que estos cambios de timón, que se iniciaron en el gobierno de Moreno se dieron bajo la tutela del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, cuando el gobierno de Moreno vio que el país ya no era viable financieramente. Asegura que la pandemia creó también un espacio de flexibilidad por parte del FMI, pues ante el riesgo de colapso mundial, el ente dio ayudas extraordinarias. De acuerdo con los números de Finanzas, el acuerdo con el FMI ha permitido la llegada de desembolsos de otros organismos multilaterales. En total, el país recibió el año anterior de estas fuentes $ 3.212 millones con tasas de interés más bajas y plazos más largos. Sin embargo, al momento se ha generado un bache, sin una explicación clara, que mantiene al programa y a los desembolsos de ese organismo en pausa.

Mejoran señales hacia los mercados

Ecuador ha vuelto, luego de ocho años de ausencia, a ser tomado en cuenta en la publicación energética Argus. Este tema se da cuando el Gobierno ha retomado más firmemente el compromiso de colocar ventas spot para ir monitoreando el mercado. Incluso se anunció que Petroecuador tiene la meta de colocar el 16 % de la oferta exportable en spot. Durante el gobierno de Correa, se dejó durante tres años de realizar este tipo de ventas. En el gobierno de Moreno se las retomó, pero hubo una propuesta en el sentido de interrumpirlas en el año 2022, por falta de petróleo para cubrir los compromisos con empresas asiáticas.

El retorno al Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) organismo vinculado al Banco Mundial, dice Carrera, es una señal para dar confianza a la inversión extranjera a fin de tener un centro de arbitraje que dirima las controversias. Un intento de tener modelos más atractivos para la inversión ha sido la aprobación de migración de contratos petroleros. Sin embargo, este tema ha recibido fuertes críticas desde la Asamblea, y un traspié tras la salida de Juan Carlos Bermeo del Ministerio de Energía, pues era el encargado de ejecutar el tema.

Fernando Santos, exministro de Energía, considera muy positivo el que se realicen las ventas spot. Sin embargo, considera que la institucionalidad, especialmente en el sector de energía y minas, se puede ganar con más controles que provengan de la ciudadanía a la burocracia. Asegura que actualmente la burocracia camina prácticamente sola, y que la Contraloría hace exámenes post mortem, es decir, cuando ya se ha le ha afectado al Estado. Considera que esa burocracia, que es prácticamente la misma desde el correato, no rinde cuentas.

Pese a estos pasos, dice Carrera, hay temas en los que difícilmente el Gobierno ha podido caminar y que tienen que ver con las reformas importantes como la de inversiones, seguridad social y la laboral.

Para Carrera, los cambios institucionales más evidentes han sido en el tema democrático que tiene que ver con el respeto de la independencia de los poderes, a las libertades, y el empeño de introducirse en responsabilidades económicas y fiscales. Pero en el ámbito económico hay una gran tarea por cumplir y que es buscar una transformación cultural de la ciudadanía para que también adopte responsabilidades económicas y fiscales. (I)