En un esfuerzo por blindar la economía frente a la infiltración de capitales ilícitos, Ecuador pone en marcha el nuevo Plan Nacional de Acción Estratégico Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva para el periodo 2026-2030.
El documento sirve de guía y plasma lineamientos generales. Fue elaborado por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
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El instrumento fue aprobado por el Consejo Nacional de Coordinación contra el Lavado de Activos y sus Delitos Precedentes, la Financiación del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (Conclaft). Este organismo fue creado en enero de este año, en el marco de la Ley de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de otros delitos.
La urgencia del plan se sustenta en la última Evaluación Nacional de Riesgos (aprobada en 2024), que alertó sobre las principales amenazas que acechan al país, destacando el tráfico de drogas, la corrupción, la minería ilegal, la evasión fiscal y el contrabando.
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Esas amenazas, junto con el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (FPADM), continúan representando un desafío para el Estado ecuatoriano no solo por su complejidad operativa, sino también por la dificultad de rastrear el dinero ilícito y vincularlo con delitos precedentes, señala el texto.
Con ese contexto aparece el plan, también denominado como Estrategia Nacional, el cual tiene dos objetivos estratégicos:
- Reducción de la informalidad y exclusión financiera a través de la mejora en la implementación del enfoque basado en riesgo (EBR), creando mecanismos que permitan mayor y mejor acceso a los servicios financieros.
- Creación de un ambiente seguro y transparente a través del uso de herramientas para la prevención y combate de amenazas que producen las mayores ganancias ilícitas.
Marco Antonio Rodríguez, presidente de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca), destaca que luchar contra la informalidad, la exclusión financiera y la usura es pieza fundamental de los esfuerzos para frenar el lavado de activos.
El vocero de la Asobanca resaltó que la Estrategia Nacional apunte hacia ese horizonte.
“Cuando una persona o un pequeño negocio queda fuera del sistema financiero formal, no solo pierde acceso a crédito y medios de pago seguros; también queda más expuesto al efectivo sin trazabilidad y a redes de usura que no son solo un abuso financiero, sino otra expresión de la economía criminal. El país debe avanzar rápidamente en las reformas que desencadenen el crédito y ayuden a incluir a más gente al sistema financiero formal”, reflexionó Rodríguez.
Pilares que sostienen la estrategia
El plan se soporta sobre cuatro ejes estratégicos fundamentales:
- Identificación, evaluaciones (nacional, sectorial, temáticas, etc.) y comprensión de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y FPADM.
- Aplicación efectiva de medidas preventivas.
- Marco institucional y operativo.
- Identificación e interrupción de ganancias del delito y recuperación de activos.
Para materializar los lineamientos, con el propósito de que no se quede solo en buenas intenciones, la estrategia se complementará con planes operativos anuales (POA), los cuales contendrán acciones concretas e indicadores de ejecución para un periodo de 12 meses. Serán revisados y aprobados por el Conclaft.
La implementación del plan es parte de las acciones que lleva adelante la UAFE. Para este año, la entidad se ha planteado reforzar su trabajo de supervisión con el fin de duplicar el monto de reportes de operaciones inusuales, que en 2025 ascendió a $ 1.577 millones. (I)