Ecuador requiere una estrategia de control integral para frenar contrabando de cigarrillos, licores y bebidas, refieren expertos en estudio

¿Ha comprado cigarrillos ilegales o de procedencia dudosa? Un estudio impulsado por la Corporación Líderes para Gobernar y la Universidad UTPL planteó esta pregunta a 384 personas de diferentes ciudades del país.El resultado fue que el 21,6% de los consultados respondió que sí han comprado este tipo de productos y que han realizado la adquisición principalmente a vendedores ambulantes (87,5 %). El 3,6% señaló que adquirió el producto por venta a domicilio, el 3,6 % por internet y el 5,44 % en distribuidoras.Cuando se consultó si habían comprado bebidas alcohólicas ilegales o de procedencia dudosa, el 18 % de los hombres encuestados declaró que sí. De esos, el 40,9 % manifestó que fue en ventas a domicilio, seguido del 33,3 % que lo realizó a través de un vendedor ambulante.Los datos, que se desprenden del estudio que evaluó los sistemas de trazabilidad que tiene el país para el control de la evasión fiscal, describen parte del patrón de compra de ciertos consumidores y sugieren que Ecuador aún tiene desafíos para el control del comercio ilícito de este tipo de productos.Desde el 2015, la Aduana ecuatoriana tiene el Sistema de Gestión y Verificación de Etiquetas Fiscales (Sigvef) y desde el 2017, el Servicio de Rentas Internas opera el Sistema de Identificación, Marcación, Autentificación, Rastreo y Trazabilidad (Simar).Por un lado, el SSigvef permite el control de los licores importados, mientras que el Simar apunta al control de los licores, cigarrillos y cervezas de producción nacional. Ambos sistemas de trazabilidad fiscal, entre sus objetivos, intentan evitar la evasión y contrabando.El estudio refleja que no todos los consumidores se fijan en la etiqueta fiscal (código) impresa en productos formales y no todos verifican la legalidad de los productos que adquieren a través de las aplicaciones disponibles como “SRI Simar” o “Verifícame”.En la encuesta, 1 de cada 4 indicó que nunca ha notado las etiquetas fiscales cuando compra cajetillas de cigarrillos, mientras que 6 de cada 10 no revisan las etiquetas cuando compran cigarrillos sueltos.Al momento de adquirir bebidas alcohólicas, 2 de cada 10 no revisan las etiquetas en las botellas. El 55,42 % manifestó que no usa las herramientas para verificar los datos de los productos que compra.Durante un foro realizado la tarde el martes, en el que se revisaron datos del estudio, Luis Quintana, uno de los consultores, consideró que si bien los sistemas Sigvef y Simar son unos activos importantes del Gobierno, estos por sí solos no evitan el comercio ilícito en sus diferentes modalidades.Dijo que debe existir una estrategia de control integral que incluya varios componentes para obtener los mejores resultados.Ronny Correa, otro de los especialistas que participó en el foro y el estudio, aseveró que se debe considerar una mayor incorporación de la ciudadanía como veedores, tener marcación y trazabilidad fiscal para los cigarrillos importados, fortalecimiento de la fiscalización y del régimen sancionatorio, y una mayor integración con los sistemas existentes del SRI y la Aduana.“En el estudio, dos aspectos que aparecieron es que no está regulada la venta ambulante y el envío de productos de dudosa procedencia en los servicios de entrega a domicilio”, indicó Correa.Nixon Almeida, presidente de la Asociación de Industriales Licoreros del Ecuador, quien participó en este panel, indicó que se necesitan reforzar los controles, pues en el mercado también existen timbres falsificados y no activados, que al escanearlos no leen ninguna información del producto.“Deberíamos buscar de qué forma puede existir este control, a través de organismos interinstitucionales, y buscar la forma de que los consumidores hagan uso del mecanismo de verificación (de la información del producto)”, dijo.La directora del Servicio Nacional de Aduana, Carola Ríos, reconoció que hay un crecimiento de contrabando, pero no especificó cifras. “No hay disminución de consumo ni en licores ni en cigarrillos, ni en productos sensibles al tema de contrabando o comercio ilícito, lo que hay es más contrabando”, aseguró en el foro virtual.Ríos sostuvo que en esta nueva administración se trabajará de manera articulada con diferentes instituciones para los controles del comercio ilícito. Agregó que se reforzará el trabajo del Servicio de Vigilancia Aduanera.La funcionaria consideró que las herramientas que se vienen aplicando como Sigvef y Simar son válidas para la trazabilidad de los productos formales, pero admitió que se necesita de un control posterior, cuando el producto está en el mercado, un asunto que depende de otros entes.Enrique Fanta, consultor del Banco Mundial que estuvo en el panel virtual, aseveró que una opción para mejorar los controles del comercio ilícito y contrabando sería armar un buena estrategia de control y adecuar escáneres en los puertos.Pero Ríos señaló que los escáneres deben usarse con propósitos y no aplicarlo para todo. Indicó que sería complejo instalar escáner en todos los puntos de entrada del país, por las condiciones logísticas y económicas.Durante este año, la academia y la industria tabacalera han divulgado datos sobre el impacto del comercio ilícito de cigarrillos en el Ecuador.Un estudio de Invamer, que recibió apoyo financiero de Itabsa, Proesa y Tanasa, empresas afiliadas a Philip Morris International (PMI), refiere que la incidencia del contrabando alcanzó en el 2020 el 78,7 % en Ecuador.Según ese estudio, en el 2020 se vendieron 1.600 millones de unidades de cigarrillo ilegales. La industria atribuye el incremento del contrabando a los altos impuestos que gravan al producto legal.Ese porcentaje de la industria tabacalera, sin embargo, difiere con el estudio Estimación del comercio ilícito de cigarrillos en Ecuador publicado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE). Este establece que, en promedio, el 51 % de los tabacos consumidos en el Ecuador son de origen ilícito.“La industria tabacalera ha sido la protagonista de la entrega de cifras de comercio ilícito, debido a la falta de información y estudios independientes acerca del tema”, dijo la investigadora y autora de la investigación, Tatiana Villacrés. (I)

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