La industria cementera en Ecuador y en la región camina a la descarbonización, lo que implica tener una huella de carbono cero en los productos. Con ese horizonte, la Federación Interamericana de Cemento (Ficem) se ha marcado como objetivo para 2030 alcanzar los 490 kilos de CO₂ por tonelada de cemento.
La empresa que lidera ese propósito regional se encuentra en Otavalo, en la provincia de Imbabura, a 2.500 metros sobre el nivel del mar. Se trata de Unacem Ecuador, parte del Grupo Unacem, que actualmente registra la huella de carbono más baja en la producción de cemento, con 491 kilos de CO₂ equivalentes por tonelada de cemento.
La transformación hacia una operación más sostenible ha requerido inversiones significativas. Según Diego Moreno, gerente de planta de Unacem Ecuador, los últimos años la empresa ha destinado $ 20 millones a una de sus líneas de producción para facilitar la transición energética.
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“Estamos ahora capitalizando los resultados de estas inversiones”, destacó Moreno e indicó que para los próximos años se proyectan inversiones adicionales de $ 4 millones.
El cambio más notable se evidencia en la matriz energética de la planta. Antes el petcoke, un residuo de la refinación de petróleo, constituía el combustible principal, ahora representa solo el 20 % del consumo energético.
La planta de Otavalo opera actualmente con un 60 % de combustibles alternativos, incluyendo aceites minerales usados, biomasa y combustibles derivados de residuos (CDR).
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La capacidad operativa de la planta refleja un crecimiento sostenido tras las mejoras implementadas. Con una capacidad instalada de 1,5 millones de toneladas de cemento anuales, produce alrededor de 1,3 millones de toneladas. Una repotenciación efectuada años atrás incrementó la producción de los dos hornos industriales de 1.600 a 1.900 toneladas diarias.
Unacem ha trazado una hoja de ruta ambiciosa hacia la descarbonización total para 2050. “Esta industria es de largo plazo y debemos garantizar sostenibilidad en nuestras operaciones, no desde el punto de vista únicamente de mostrarse como sostenibles, sino de ser auténticamente sostenibles”, enfatizó Moreno.
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La empresa forma parte del esfuerzo sectorial, que agrupa aproximadamente 200 millones de toneladas de cemento en la región, donde la industria cementera de Ecuador aporta 8 millones de toneladas de capacidad, explicó el gerente.
La planta tiene actualmente cinco tipos de fórmulas de cemento: selvalegre, campeón, armaduro, hormigón y granel. A partir de ellos se comercializan alrededor de 20 productos, con los que se atiende principalmente a las provincias del norte del país, como Carchi e Imbabura, y de la Costa, como Guayas, Los Ríos y Manabí.
Cada día se despachan aproximadamente 90.000 sacos de 50 kilogramos cada uno. La capacidad de procesamiento es relevante, una máquina de ensacado puede procesar hasta 2.700 sacos por hora y otra llega a los 3.600 sacos por hora. En promedio se procesa un saco por segundo.
Hoja de ruta de Ecuador
La planta de Otavalo acogió a técnicos y personas involucradas en la industria cementera provenientes de diferentes países, quienes visitaron Ecuador en la semana del 26 al 29 de mayo para participar en el Congreso C2: Cemento & Concreto Verde 2050, organizado por la Ficem.
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En la conferencia se discutieron los avances, desafíos y oportunidades para lograr la carbononeutralidad en 2050.
Uno de los invitados fue Miguel Ángel Puente, director ejecutivo del Instituto Ecuatoriano del Cemento y el Concreto (Inecyc), quien destacó que la industria ecuatoriana es sólida y trabaja en sostenibilidad.
Dijo que en marzo de 2024 se presentó una hoja de ruta para reducir las emisiones de CO₂ a 520 kg por tonelada de cemento para 2030, gracias a la disminución del factor clínico (que produce más emisiones) y al aumento del coprocesamiento (sustitución de combustibles fósiles por alternativos).
“Para tener una idea, en 1990 eran 750 kilogramos de CO₂ por tonelada. De ahí se ha venido bajando, en 2019 fueron 552 kilogramos. Y la meta para 2030 es 520 kilogramos”, resumió.
En 2019, la industria nacional tenía un promedio de un 14 % de coprocesamiento, pero hay industrias, como Unacem, que ya tienen el 50 % o más. De ahí que el objetivo local es subir del 14 % al 21 % en toda la industria para 2030. Y para 2050 es superar el 50 %. “Con eso llegamos del 2050 a neto cero”, explicó Puente.
Se espera la recuperación de la construcción y la inversión
En 2024, la construcción tuvo una fuerte caída de un 7,8 % anual y, de igual manera, las inversiones contempladas en la formación bruta de capital fijo (FBKF) disminuyeron un 3,8 %. Estos y otros resultados derivaron en la contracción económica del PIB en dos puntos porcentuales.
Para 2025 se prevé una recuperación de los indicadores y, con ellos, un crecimiento económico del 2,8 %, según el Banco Central del Ecuador (BCE). El Gobierno ha ofrecido impulsar esa recuperación a través de la inversión tanto pública como privada.
Con esas expectativas, la industria cementera se muestra optimista respecto de la reactivación del sector de la construcción, así como de las inversiones.
“Esperamos que el sector de la construcción empiece a mejorar y que comience la inversión pública y privada para generar confianza en el país”, concluyó Diego Moreno. Asimismo, destacó que aunque los grandes proyectos de infraestructura se han contraído, los desarrollos inmobiliarios de menor escala han proliferado, manteniendo la demanda de cemento en el mercado nacional.
Por su parte, Miguel Ángel Puente señaló que la industria de la construcción representa entre el 6 % y el 7 % del PIB de Ecuador y requiere de mucha mano de obra, lo que la ubica como una de las actividades que generan más fuentes de empleo.
“La industria de la construcción ha tenido altos y bajos a lo largo de los años. No es la primera vez que tenemos una contracción de este tipo, pero es una industria sólida, que está trabajando pese a las circunstancias difíciles”, comentó.
Añadió que para dinamizar a la industria se ha propuesto a la autoridades un proyecto de ley para fomentar la inversión privada para participar en obras públicas a cambio de descontar esa inversión en impuestos. (I)
