Energía eléctrica: sectores productivos califican de ‘interpretación restrictiva’ y ‘retroceso’ el dictamen de la CC

La sentencia de la Corte Constitucional (CC) que impide al Estado concesionar a la empresa privada servicios de energía eléctrica continúa generando reacciones en el sector productivo empresarial. La CC declaró la inconstitucionalidad del artículo 25, numeral 1, de la Ley Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, publicada en el Registro Oficial el 14 de mayo de 2021, que permitía la participación privada en el sector eléctrico sin que sea excepcional, con lo cual el Estado no podrá concesionar a la empresa privada los servicios de energía eléctrica bajo la justificación de interés público.En un comunicado, el Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones recoge los pronunciamientos de algunos gremios y dirigentes hechos a través de X (antes Twitter). Por ejemplo, la Cámara de Comercio de Quito aseguró que la resolución genera impedimentos en un momento en que Ecuador requiere soluciones estructurales que garanticen la sostenibilidad y la eficiencia del abastecimiento eléctrico. En esto también coincidió la presidenta de este organismo, Mónica Heller, al expresar que la decisión “no ayuda al país”, sino que frena los cambios que el Ecuador necesita.La dirigente aseguró que “bloquear la concesión de los servicios de energía eléctrica al sector privado, bajo el argumento de inconstitucionalidad, aunque la ley es imprecisa, frena los cambios que el Ecuador necesita”.Por su parte, el Consejo Empresarial Ecuatoriano Panameño (CEEP) fue enfático al reafirmar “la importancia de un entorno que promueva la inversión privada, el trabajo conjunto entre lo público y lo privado y decisiones orientadas a garantizar crecimiento, empleo y sostenibilidad económica”. Mientras que la Cámara de Industria Automotriz Ecuatoriana (Cinae) calificó al accionar de la Corte como “un retroceso que restringe aún más la participación privada en el sector eléctrico”, al tiempo que considera al análisis de la entidad como una “interpretación restrictiva del principio de excepcionalidad”, limitando la capacidad de reacción del Ejecutivo frente a una necesidad nacional, según la cartera de Estado. Agrega que a este criterio se suma la Cámara de Industrias y Producción, que considera este fallo como “grave para el país” al poner en riesgo el suministro eléctrico y, consecuentemente, afectando la competitividad en caso del “retorno de los apagones”. Por último, la Asociación Exportadores de Plátano (Asoexpla) también aseguró que el impacto de la medida se traslada a la competitividad, la producción y las exportaciones. Para esta asociación, la medida de la Corte debilita la inversión privada en el sector eléctrico y esto, a su vez afecta, directamente la confianza, la seguridad jurídica y la capacidad del país para sostener su desarrollo productivo. (I)

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