Gremio insta a seguir delegando servicios de energía a privados, mientras se analiza reforma legal

La Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG) se pronunció sobre la declaratoria de inconstitucionalidad del numeral 1 del artículo 25 de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica (Lospee), emitida mediante un dictamen de la Corte Constitucional. Este numeral permitía la participación privada en el sector eléctrico sin carácter excepcional, por lo que, a partir de ese fallo, el Estado no podrá concesionar a la empresa privada los servicios de energía eléctrica bajo la justificación de interés público.El gremio aseguró que el fallo de la CC disminuye la claridad normativa que se necesita para la participación privada en el sector energético. Sin embargo, no la prohíbe.Este último punto fue aclarado por la CC este domingo, 11 de enero, a través de un comunicado oficial, en el que afirmó que se mantienen vigentes la mayoría de las reformas a la Lospee y que solo se declaró inconstitucional una de las causas legales que permitían delegar actividades al sector privado: la que decía “cuando sea necesario para satisfacer el interés público, colectivo o general”.La entidad explicó que dicha expresión fue considerada incompatible con la Constitución por ser excesivamente amplia y por vaciar de contenido el principio constitucional, según el cual la participación privada en sectores estratégicos debe ser excepcional.Ante esta situación, la CCG señaló que se debe continuar trabajando para garantizar el suministro eléctrico y, para ello, señaló que es oportuna una reforma legal para establecer con claridad los criterios de excepcionalidad para la participación de actores no estatales en el sector eléctrico mediante una reforma a la Lospee.Este pedido se alinea a lo indicado por el Ministerio de Ambiente y Energía (MAE) el fin de semana pasado, sobre que se impulsará una propuesta de reforma legal para establecer de forma técnica, clara, precisa y verificable las condiciones de procedencia de la delegación excepcional para brindar certeza y seguridad jurídica a proyectos futuros.Por su parte, otra de las recomendaciones de la Cámara es continuar aplicando el artículo 316 de la Constitución hasta que sea enmendado. El Estado puede delegar servicios de energía a privados bajo criterios de excepcionalidad, según el marco constitucional vigente.También instó a impulsar los proyectos que la normativa vigente permite hasta que se aliste la reforma legal. Los numerales 2 y 3 del artículo 25, que prevén la delegación, siguen vigentes en estos casos: Por último, la Cámara sugirió enmendar la Constitución a través de la Asamblea Nacional a efectos de esclarecer y facilitar la participación del sector privado en los sectores estratégicos, asegurando el incremento de demanda energética, con una oferta suficiente y competitiva.“Estas opciones permiten seguir impulsando la participación privada en el sector eléctrico, bajo los supuestos excepcionales previstos en la Constitución y la ley. La apertura a la inversión privada en sectores estratégicos es un cambio estructural necesario para el desarrollo del país”, concluyó el gremio. Mientras, la Cámara de Energía del Ecuador (CEDE) consideró “desafortunado y a la vez inoportuno” el fallo de la CC. Señaló que el argumento de que la reforma a la Lospee demandada por los sindicatos de las empresas distribuidoras estatales , es demasiado discrecional al apelar al “interés público, colectivo o general” es “apenas un tecnicismo jurídico que genera una incertidumbre contraproducente cuando más se necesita el desarrollo de proyectos privados de generación y transmisión que aún no terminan de despegar”.Ante la situación la CEDE alentó al Gobierno Nacional a promover una reforma extensiva a la Lospee, que incluya el concepto de que la excepcionalidad aplica cuando la soberanía energética este en peligro o se incumpla con las inversiones previstas en el Plan Maestro de Electrificación por parte del Estado ecuatoriano, ambas situaciones presentes al momento. “Sera útil para que la CC no mantenga nuevas dudas sobre donde está el interés general”, apuntó el gremio. (I)

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