Tras la desvinculación de 5.000 servidores públicos en 2025, el Gobierno no tiene previsto realizar otro proceso similar. Así lo aseguró el ministro del Trabajo, Harold Burbano.
“Personalmente le puedo decir al país, y ya se lo he dicho, que no va a haber un proceso de desvinculaciones masivas. Eso no está dentro de la política del Estado, de la política del presidente Daniel Noboa”, afirmó el secretario de Estado.
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Señaló que la Asamblea Nacional y el Ministerio del Trabajo brindan herramientas a las instituciones públicas para que tomen decisiones pertinentes frente a sus relaciones laborales.
En ese contexto, dijo que lo que hacia afuera se planteó como desvinculaciones masivas en la práctica fue el uso de las herramientas antes mencionadas.
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“En su momento había relaciones laborales que eran demasiado rígidas y que no podían cumplirse o terminarse porque tenía que venir el sumario administrativo al Ministerio del Trabajo; aquí hay siete personas que llevan el sumario, se demoraba años, se caducaba. ¿Qué es lo que se hizo? Darle la potestad a la misma institución para que rija su propio sistema de sumario administrativo", explicó.
Ahora se está “rearticulando la normativa” tanto para el sector público como el privado, “para que tengan herramientas para que puedan las relaciones laborales ser bastante justas, dignas y sanas”.
En el presupuesto general del Estado (PGE) aprobado para 2026, que asciende a $ 46.255 millones, el egreso en personal se reduce 0,30 % al pasar de $ 10.099 millones en 2025 a $ 10.079 millones para el próximo año.
Las cifras de la proforma no reflejan una oxigenación importante del gasto en personal a pesar del masivo recorte anunciado en 2025.
Por otro lado, en la Asamblea Nacional se tramita un proyecto de ley que intenta revivir reformas laborales sobre el sector público que estaban en la Ley de Integridad Pública, la cual sirvió de sustento para desvincular a servidores públicos y que luego la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad de esa norma.
Entre los temas que se tratan de recuperar está que el sumario administrativo será un proceso oral y motivado, por el cual la unidad de administración de talento humano determinará la comisión o no de las faltas graves e impondrá la sanción disciplinaria correspondiente.
El proyecto legal se denomina “Ley orgánica reformatoria a varias leyes para el fortalecimiento del trabajo en el sector público y privado y de sus organizaciones sindicales”.
A cargo del trámite estuvo la Comisión de Derecho al Trabajo y Seguridad Social, que entregó el informe para segundo debate en el pleno.
La sesión del pleno de la Asamblea Nacional para tratar el informe fue convocada para el 26 de noviembre, pero se suspendió y hasta el momento no se ha retomado.
Respecto de la pretensión de recuperar aspectos declarados inconstitucionales, el ministro del Trabajo dijo que conoce lo que se está discutiendo en la Asamblea y la intención no es insistir en temas dados de baja por la Corte Constitucional: “Hay un ánimo justo de poder generar mejores regulaciones. Y lo que salga de la Asamblea sale del poder más democrático que pueda existir en el país. Y si es que luego la Corte Constitucional dice otra cosa, aceptaremos lo que diga”. (I)