La Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (Ceosl) se solidarizó con los trabajadores que fueron desvinculados de sus cargos en Petroecuador esta semana. La organización acusó al Gobierno de haber desatado “una cacería laboral”, que estaría relacionada con la concesión del campo Sacha.
A través de un comunicado difundido este jueves, 27 de febrero, la Ceosl señaló que los despidos “no son aislados ni justificados”, sino que “son represalias directas contra quienes se oponen a entregar este activo estratégico a intereses privados”.
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Los despidos ocurrieron el martes. Al día siguiente, miércoles, la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, confirmó la salida de funcionarios, entre los cuales se encuentran gerentes y subgerentes.
“Ha pasado lo que tenía que pasar. Tiene que haber gente con la que estemos alineados todos”, remarcó.
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La Ceosl rechazó la medida y recriminó que entre el personal que fue separado hay trabajadores “altamente capacitados, con años de experiencia”. Atribuyó la acción a una “política de amedrentamiento”, en la que el Gobierno pretende “silenciar” a quienes se oponen a la entrega del campo Sacha a operadores privados.
Para el sindicato, la operación constituye la “privatización” del bloque 60, que está ubicado en la provincia de Orellana.
“La concesión del campo Sacha representa un saqueo descarado de los recursos públicos”, dice el comunicado, en el cual se recoge que, según estimaciones, el Estado perdería alrededor de $ 2.544 millones por concepto de renta petrolera.
Además, asegura que se precarizarían las condiciones laborales de los trabajadores. “Los empleados despedidos serán reemplazados por mano de obra barata, sin estabilidad ni derechos”, reclamó la organización, al tiempo de exigir que los trabajadores desvinculados sean reincorporados a Petroecuador.
Otros grupos también se han pronunciado en contra de los despidos. El martes, la Asociación Nacional de Trabajadores del Petróleo y Energía (Antep) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de Petroecuador (Sintep) señalaron que se trata de una “política de persecución laboral”.
Según estas organizaciones, al menos 20 personas fueron despedidas de Petroecuador. (I)