Un estudio que analizó la evolución y composición de la deuda pública en Ecuador, desde la década de 1970, concluye que esta dejó de ser una herramienta que impulsa la inversión y el crecimiento, para convertirse en un instrumento que condiciona la política económica del país que ahora destina más recursos al pago de servicio de la deuda que a la inversión social.
El informe, que se denomina Ecuador, panorama reciente de la deuda, fue elaborado por la Red Latinoamericana y del Caribe por la Justicia Económica, Social y Climática (Latindadd) y el Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES).
Publicidad
La tesis del documento es que entre 1970 y 2025 Ecuador consolidó un régimen de endeudamiento estructural marcado por la dolarización, la vulnerabilidad externa y la dependencia de programas de ajuste del Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros organismos multilaterales.
Según datos oficiales recogidos en el informe, entre 2014 y 2017, la deuda pública pasó del 24 % al 39 % del PIB. Mientras que entre 2020 y 2025, el saldo total de la deuda pública creció de aproximadamente $ 63.000 millones a más de $ 84.000 millones, lo que representa un incremento cercano al 33 % en cinco años.
Publicidad
A julio de 2025, el saldo consolidado de la deuda pública (interna y externa) fue alrededor de $ 84.000 millones, equivalente al 65 % del PIB.
El informe expone que en 2025 “el país continúa destinando más recursos al servicio de la deuda que al financiamiento conjunto de los sectores de salud, educación y seguridad, reflejando un modelo económico aún subordinado a metas externas más que al ejercicio pleno de los derechos económicos y sociales”.
Estos temas fueron abordados por representantes de 15 países de América Latina, África y Asia, así como miembros de la academia y sociedad civil, que se reunieron en Quito para participar en la Conferencia Regional sobre Deuda y Arquitectura Financiera, que se realizó el 26 y 27 de noviembre.
El objetivo del encuentro fue desarrollar una estrategia conjunta para mejorar el acceso a financiamiento justo, cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible, con los compromisos climáticos en la región, pero sobre todo mejorar el bienestar de la población en la región, señaló Patricia Miranda, directora de Incidencia Global de Latindadd.
“La deuda no es mala en sí misma, sino que depende de las condiciones financieras y no financieras en las que se endeuda un país”, aclaró Miranda.
Mencionó que los acreedores imponen condiciones no financieras en términos de pedir al país que realice privatizaciones, que haga recortes presupuestarios al gasto social.
Inclusive hay créditos vinculados con la condición de que los gastos que se realicen con esos préstamos sirvan para comprar bienes y servicios del país acreedor. “Ese tipo de condiciones pueden generar problemas”, observó Miranda.
El sistema actual sobre deuda tiene reglas claras, “pero no justas”, porque hay un tratamiento distinto cuando se trata de grandes países. “Organismos como el FMI no les exigen las mismas condiciones que a nuestros países”, sentenció.
Por eso, desde Latindadd se promueve “una reforma a la arquitectura de la deuda, con nuevas reglas que sean justas e iguales para todos lo países”.
La gobernanza de la deuda se concentra en grandes países acreedores, lo que plantea la necesidad de reformar este sistema hacia un modelo más democrático, en el que todos los países participen en la toma de decisiones.
La propuesta es que las negociaciones sobre deuda se realicen en el marco de las Naciones Unidas, donde las decisiones se toman basadas en un país un voto. De esta manera se busca reemplazar el modelo de instituciones como el FMI, en donde el país que posee mayor cuota de aportación dispone de mayor poder de votación.
La nueva arquitectura financiera debe incluir corresponsabilidad entre acreedores y deudores, mecanismos transparentes e independientes de renegociación y legislaciones que protejan a los países en crisis, especialmente en América Latina.
En ese contexto, surge la recomendación que Ecuador se una con varios países para renegociar en conjunto sus deudas ante los acreedores. Esto es crucial para prevenir futuros problemas de endeudamiento, indicó la vocera.
Distintos gobiernos que ha tenido el país las últimas décadas han realizado procesos de renegociación, recompra y canje de deuda por conservación de naturaleza (como los de Galápagos y Amazonía), con el fin de dar oxígeno a las arcas fiscales.
Sin embargo, en la práctica estas operaciones no han significado un alivio real o reducción del stock de la deuda. Y el país ha terminado en una espiral de conseguir financiamiento para pagar sus obligaciones. “Hay un espiral de la deuda, que es para pagar deuda”, resumió Miranda.
“También encontramos que hay un espiral con el extractivismo y el clima. Nuestros países, que son básicamente extractivistas, aceleran la extracción de recursos naturales, no renovables para pagar una deuda, pero al acelerar esa extracción también generan impactos en el clima y el medioambiente. Y para solucionar todos esos impactos se vuelven a endeudar. Es un círculo vicioso que va creciendo”, describió.
Nueva auditoría de la deuda
Una de las recomendaciones del informe es que Ecuador emprenda una nueva auditoría de la deuda “que actualice y profundice la experiencia” de la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público (CAIC).
Esa auditoría se dio en 2007 y detectó irregularidades, conflictos de interés y “cláusulas abusivas” de ciertas emisiones y renegociaciones de deuda comercial, “concluyendo que parte de esos títulos era ilegítima y contraria al interés público”, dice el estudio.
Aquella auditoría fue el sustento en el que se escudó el gobierno de Rafael Correa para suspender el pago de los Bonos Global 2012 y 2030, lo que devino en un default (incumplimiento del pago de deuda) por parte de Ecuador.
Patricia Miranda indicó que la CAIC reveló que la renegociación de ciertos bonos “fue ilegal, porque generaban anatocismo (pago de interés sobre interés), lo que generó la oportunidad de vender esos bonos a precios bajos.
La sugerencia del estudio es que la nueva auditoría abarque las emisiones de bonos desde 2014, la reestructuración de 2020, los acuerdos con el FMI y otros multilaterales de la última década, y los canjes de deuda por naturaleza.
Miranda aseguró que “una auditoría de deuda también puede servir para generar cambios en la legislación nacional”, que permita identificar vacíos legales, mejorar la transparencia y acceso a la información.
Reconoció que emprender un proceso de esa naturaleza conlleva riesgos ante posibles financistas en el mercado.
En ese sentido, señaló que es muy importante que el país dé señales claras de la utilidad que tendrá la nueva auditoría para generar confianza en el proceso. (I)