La afectación por derrame del OCP se ubicó en 21.000 m2 del Parque Cayambe Coca y llegó a los ríos Coca y Napo

Una extensión de 21.007 metros cuadrados en zona de amortiguamiento y zona de protección del Parque Nacional Cayambe Coca (hogar del cusumbo andino, venado chonta, gallito de la peña y varias especies de anfibios) contaminada por una capa oscura y oleosa; y 110 comunidades indígenas, especialmente kichwas a lo largo de los ríos Coca y Napo que reportan trazas de crudo, son los principales problemas que ha generado, al momento, el último derrame de crudo en el área de Piedra Fina, en la Amazonía ecuatoriana. Se trata de un nuevo desastre generado en la zona inestable donde ocurre la erosión regresiva del río Coca y sus afluentes (Quijos y Piedra Fina).

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El Ministerio del Ambiente informó ayer sobre los primeros hallazgos realizados y habló ya de posibles sanciones y multas para la empresa OCP Ecuador que maneja el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP). Esta infraestructura sufrió el viernes pasado una avería por la caída de una piedra de dos metros de alto por tres de diámetro, lo cual generó el derrame.

Sin embargo, el Ministerio ha indicado que al momento ha pedido a la empresa privada realizar una investigación más profunda con la cual se espera dimensionar de mejor manera la magnitud, dimensión y reversibilidad de los daños.

Alexandra Almeida, coordinadora del área de petróleo del Acción Ecológica, consideró que este tipo de normativa deja que las propias empresas responsables de la contaminación se conviertan en juez y parte. Para Almeida, el propio Estado es el responsable de proteger a la naturaleza. Explicó que normalmente las empresas petroleras tienden a minimizar los daños.

Entre tanto, estimó que el informe del Ministerio establece el daño a los suelos, sobre todo de los focalizados en el parque Cayambe Coca, sin embargo, no ha incluido aún la investigación sobre la afectación por la contaminación de los ríos.

Ella aseguró que el petróleo ya debe haber llegado al Perú. Al ser consultada sobre si las barreras de contención no habrían cumplido su papel de detener el crudo en el agua, dijo que se ha comprobado que las barreras no son suficientes y que incluso el crudo puede pasar por debajo y seguir contaminando.

El problema ambiental ha sido denunciado también por comunidades del cantón Gonzalo Pizarro. Estas han elaborado un pliego de peticiones en el que constan diez exigencias a la empresa responsable de la tubería averiada. Demandan la inmediata remediación ambiental de la zona afectada y una valoración técnica para la indemnización a los finqueros y comunidades que resultaron impactados por el derrame petrolero. Como medida urgente exigen la entrega de bidones de agua y raciones alimenticias por un año, mientras se recupera de manera paulatina el ecosistema acuático del Coca, afectado por el derrame.

Los habitantes indígenas de las comunas Shiwakucha, Panduyacu, Wuiraurko y San Francisco también demandan participar con la mano de obra no calificada, en el proceso de limpieza y remediación ambiental que ejecutan en sus territorios.

Entre tanto, el presidente ejecutivo de OCP, Jorge Vugdelija, explicó que la rotura se debió a un “evento fortuito de la naturaleza que no tiene conexión con eventos anteriores”. También aclaró que una vez ocurrida la rotura, el sistema de detección automática detectó la situación y detuvo el bombeo y cerró válvulas para evitar un problema mayor. Dijo que se ha desplegado personal (unas 50 personas) y maquinaria a la zona. También se han construido piscinas para contener el crudo.

En este sentido, Vugdelija expresó que ha sido un proceso exitoso, de tal manera que se ha logrado contener la gran mayoría del crudo que salió de la tubería. También reconoció y dijo estar consciente de que pequeñas trazas de crudo están en el río.

En todo caso, aseguró que se ha recuperado el crudo y se lo ha llevado a Lago Agrio para reinyectarlo en el sistema. Ahora mismo están trabajando en la remediación del suelo y en las trazas que quedaron en el curso del agua, en la orilla, dijo. Añadió que trabajarán para cumplir con las leyes ecuatorianas y obviamente en una compensación social.

En abril del 2020, la erosión regresiva, en el sector de El Reventador, provocó la rotura de tres ductos: el SOTE, OCP y el poliducto Shushufindi Quito. (I)