La Contraloría General del Estado ya cuenta con los resultados preliminares del examen especial a un tercer contrato con Progen, y también existirían responsabilidades administrativas, civiles e indicios de penal, indicó el titular del organismo de control, Mauricio Torres.
Para los primeros días de enero del 2026 ya se tendría incluso aprobado el informe, según Torres.
Se trata de un contrato de compra de generadores para instalarse en Catamayo, Loja, que fue adjudicado el 26 de julio del 2024 a la empresa estadounidense por la Empresa Eléctrica Regional del Sur (Earssa).
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Este miércoles, 3 de noviembre, Torres comentó que ya se comunicaron los resultados provisionales y ahora la empresa los están justificando, pero que “posiblemente pase lo mismo que en los casos anteriores”, refiriéndose a los contratos de Salitral y Quevedo con la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), en donde se determinaron responsabilidades administrativas, civiles e indicios de responsabilidad penal.
“Hasta el momento, de acuerdo a la comunicación de resultados, en la empresa eléctrica de Loja existirían responsabilidades administrativas, civiles e indicios de penal”, aseguró.
El contralor indicó que en este contrato se hizo un pago por aproximadamente $ 20 millones. “Aquí es importante indicar que ya estamos utilizando la auditoría forense, ya se ha hecho inclusive un cuidado de la cadena de custodia de las evidencias recopiladas y estamos con bastante información que nos va a permitir entregar un trabajo muy técnico y, sobre todo, que va a ayudar a cuidar los recursos públicos”, afirmó.
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En cuanto a las acciones encaminadas para continuar con el proceso por los otros contratos con Progen, Torres indicó que la Contraloría emitió responsabilidades administrativas, civiles e indicios de penal, y que de esta última fueron entregados a la Fiscalía, que ya abrió la investigación y están tomando versiones.
En lo que corresponde a la Contraloría, dijo que están con la predeterminación, para de ahí, en caso de que que ya se confirmen todos los aspectos o niveles que tiene para hacer un debido proceso, emitir los títulos de crédito y proceder al embargo de bienes o inclusive al cobro a través de las cuentas o los bancos donde tengan sus dineros las personas que están involucradas.
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La empresa Progen también fue contratada para poner en marcha las centrales Salitral de 100 megavatios (MW) y Quevedo de 50 MW. Los contratos fueron firmados el 2 de agosto del 2024 y protocolizados el 3 de septiembre de ese mismo año.
El plazo que tenía era de 120 días para que estén listas las centrales. Inicialmente, las autoridades del sector eléctrico señalaron que Salitral entrarían en operación a mediados de noviembre de 2024 y Quevedo lo haría a finales de ese mismo mes. Sin embargo, esos plazos no se cumplieron y fueron aplazados mediante nuevas prórrogas.
Para diciembre, el ahora Ministerio de Ambiente y Energía informó de una penalización a Progen de $ 900.000 por infracciones.
Para este 2025 se generó una controversia entre la Celec y Progen. El Gobierno alegó retrasos pese a las prórrogas, mientras que la empresa estadounidense atribuyó las demoras a dificultades logísticas internacionales y a obstáculos por parte de Celec.
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El 29 de mayo de este año, la empresa pública notificó a Progen la intención de terminar unilateralmente por Quevedo y el 3 de junio por Salitral, y para evitarlo Progen planteó medidas cautelares en el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Americana (Amcham), pero fueron rechazadas y tras ello Celec empezó con el proceso para encargarse de terminar con los proyectos. (I)
