La empresa Power China está más cerca de asumir la operación y mantenimiento de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair (CCS) luego del acuerdo alcanzado con el Gobierno ecuatoriano a mediados de 2025.
El país se comprometió a desistir del arbitraje que interpuso en 2021 contra la compañía Sinohydro, subsidiaria de Power China, por controversias no resueltas sobre la construcción de esa central. A cambio, Power China entregaría al país $ 400 millones y se encargaría de la hidroeléctrica.
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Este Diario conoció que concluyeron las negociaciones de temas pendientes entre la compañía asiática y la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec).
A finales de diciembre de 2025, el directorio de Celec aprobó una resolución para que la Procuraduría General del Estado (PGE) informe al centro de arbitraje que las partes se pusieron de acuerdo.
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Se sabe que ahora Celec y la Procuraduría trabajan en la solicitud que se enviará al centro de arbitraje para dar por terminado el litigio contra Sinohydro.
Una vez que el tribunal emita el laudo conciliatorio, oficialmente Power China podrá hacerse cargo de la hidroeléctrica.
En julio de 2025, autoridades ecuatorianas informaron que durante la visita oficial que realizó el presidente Daniel Noboa y su comitiva a China se entablaron conversaciones con directivos de la empresa.
Las ministra Inés Manzano, de Ambiente y Energía, y Sariha Moya, de Finanzas, firmaron con los ejecutivos asiáticos un acuerdo de conciliación.
En su momento, la canciller Gabriela Sommerfeld dijo que los $ 400 millones que desembolsaría la compañía china llegarían a Ecuador hasta diciembre de 2026.
Parte de los recursos se destinarían a la compra de energía renovable, aseguró Manzano en declaraciones brindadas el 9 de julio de 2025.
El monto que entregará Power China implica el pago de una compensación, en lugar de una garantía por las fallas en la hidroeléctrica, explicó la ministra de Finanzas, el 21 de julio de 2025.
La central Coca Codo Sinclair empezó a construirse en 2008 y fue inaugurada en 2016. Posee una capacidad instalada de 1.500 megavatios.
Sin embargo, por problemas en su infraestructura —como las 7.000 fisuras encontradas en los distribuidores de presión de las turbinas— el Estado no ha recibido de manera oficial la obra, que le terminó costando al país $ 2.245 millones.
La hidroeléctrica enfrenta riesgos que podrían comprometer las obras de captación debido al avance de la erosión regresiva del río Coca, fenómeno que comenzó en febrero de 2020 con el colapso de la cascada San Rafael. (I)