El registro de las hectáreas de banano y otras musáceas para la exportación, sembradas sin autorización, que impulsa el Gobierno continúa generando dudas en el sector productor, que anuncia la presentación de una demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto Ejecutivo 231 del 24 de noviembre.

Este decreto permite que hasta el 31 de diciembre de 2026 se registren estas plantaciones sembradas sin autorización, conforme a lo establecido en el artículo 8 de la ley, que se refiere al proceso sancionatorio, para lo que el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGP) reformó el 3 de diciembre el instructivo para aplicar el reglamento a la Ley para Estimular y Controlar la Producción y Comercialización de Banano, modificó el Registro e Inscripción de Plantaciones de Musáceas Sembradas sin Autorización y dispuso nuevas sanciones, todo esto a través del Acuerdo Ministerial 132.

Franklin Torres, presidente de la Federación Nacional de Bananeros (Fenabe), señaló que “no sabía que el MAGP puede interpretar las leyes y poner el valor que ellos consideren conveniente”. Se refiere a los cambios introducidos que modifican el artículo 8 de la Ley del Banano, que originalmente indica que la multa por hectárea sembrada es de 150 salarios mínimos vitales generales —cada salario mínimo vital es de $ 4—, lo que resulta en $ 600 por hectárea. Con el cambio, se mantiene el valor de la multa, pero se incluyen plazos para el pago y nuevas sanciones si se extienden de ese plazo.

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El acuerdo ministerial señala que las solicitudes de registro de siembras no autorizadas que sean ingresadas hasta este 31 de diciembre se habilitarán con el pago del valor determinado en el artículo 8 de la Ley del Banano, es decir, los 150 salarios mínimos vitales generales por hectárea sembrada. Mientras que las solicitudes que se hagan hasta el 31 de diciembre de 2026 deben cancelar adicionalmente una tarifa equivalente a diez salarios básicos unificados (SBU) por hectárea sembrada no autorizada.

El SBU en 2025 es de $ 470, lo que resulta en una multa de $ 4.700 por hectárea sembrada.

“El artículo 8 es claro. No pensé que se podía por decreto modificar una ley vigente”, insistió el dirigente. Y aseguró que a la larga se trata de una competencia desleal que perjudica a los productores que sí han cumplido con la ley. “Quienes sabemos que no podemos sembrar más banano, quienes creemos que en un país civilizado la única manera de crecer es con el fiel cumplimiento de las leyes, nos sentimos en la indefensión; es por ellos que vamos a presentar una demanda de inconstitucionalidad de este decreto”, afirmó el dirigente.

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Indicó que si el Gobierno y el sector exportador quieren tener más cajas para la exportación, deben mejorar las condiciones de los pequeños productores que tienen en su mayoría producciones por debajo de 2.000 cajas por hectárea al año. “Si se hiciera esa inversión necesaria para el país, el sector exportador no tendría que salir desesperadamente a buscar más hectáreas de siembras ilegales”, mencionó Torres.

Al respecto, desde el sector exportador se ha reconocido que la producción de plantaciones no autorizadas es la que ha permitido que Ecuador pueda cubrir la creciente demanda de fruta en los mercados internacionales, en un contexto en el que la oferta es cada vez menor por problemas climáticos o fitosanitarios que afectan la producción de los principales países proveedores, incluido Ecuador.

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Richard Salazar, director ejecutivo de la Asociación de Comercialización y Exportación de Banano del Ecuador (Acorbanec), aseguró que estos cambios se alinean con la realidad de los mercados internacionales y tratan de regularizar las plantaciones que ya están en producción y que están generando divisas para el país. “No es que se estén permitiendo nuevas siembras”, apuntó.

Salazar estimó que deben ser alrededor de 20.000 hectáreas las que deben regularizarse.

Por su parte, Torres aseguró que el desbalance de producción se produjo precisamente porque el sector exportador pagó bajos precios durante 2021, 2022 y parte de 2023, lo que provocó la quiebra y la disminución de la producción de los pequeños y medianos productores, y que aquello afectó a 2024 y 2025. Ahora, señaló, las fincas están en mejores condiciones de producción y pueden abastecer tranquilamente los próximos años con la cantidad de hectáreas actuales, “pero parece que la idea es volver a pagar precios de $ 1 y $ 2 por caja de banano de los años mencionados”, criticó.

“El decreto y el acuerdo son confusos y de difícil comprensión”

Para el exministro de Agricultura Alfredo Saltos Guale, tanto el Decreto Ejecutivo 231 como el Acuerdo Ministerial 132 son confusos y de difícil comprensión. “Lo único claro es que se presta el decreto a la interpretación de que se puede sembrar libremente hasta el 31 de diciembre de 2026 y antes de que fenezca ese año solicitar la inscripción de las áreas sembradas sin autorización entre el 25 de noviembre de 2025, fecha del decreto 231, y el 31 de diciembre de 2026, como señala el acuerdo 132, solo se tendría que pagar una multa con la facilidad de convenio de pago sin que se conozca en qué plazo y con qué facilidades”, analizó la exautoridad.

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En esta línea, aseguró que una plantación altamente tecnificada con venta segura todo el año permite asumir el valor de la multa y mucho más.

De acuerdo con el exministro, tras consultar a jurisconsultos, el decreto presidencial y, con más razón, el acuerdo ministerial violan frontalmente el espíritu y la formalidad de la Ley del Banano, “siendo por tanto inconstitucionales, como han advertido líderes bananeros que lo van plantear”.

Señaló que, en la práctica, dejar libremente la siembra de banano sin límites es alentar un desequilibrio peligroso entre la oferta y la demanda de la fruta con evidente caída del precio final al productor, que el Estado está en la obligación de proteger, e indicó que “antes de favorecer nuevas áreas bananeras habría que emprender planes para incrementar la todavía baja productividad nacional” y subrayó que “es urgente conocer un serio estudio de mercado antes de dar ese arriesgado paso”.

Por otro lado, Torres desconfía del sistema informático del MAGP, en lo que tiene que ver con el cobro de las multas. “Con un sistema informático como el de la Unidad de Banano, que no ha sido cambiado y que sigue teniendo los mismos errores y problemas de años anteriores, en donde —incluso de boca de los ministros del Gobierno anterior— este sistema se maneja desde una oficina privada, no se garantiza que se cumplan la ley o el decreto que han sacado. Mientras no tengamos un programa de software de control de la actividad bananera seguiremos en la informalidad”, advirtió.

Torres añadió: “Ya cobraron las multas de todas las hectáreas sembradas ilegalmente desde 2018 hasta 2020, que provocó el exceso de cajas desde 2021 y 2022 y que pulverizó la caja de banano. Parece que la única forma de conseguir cajas a bajo precio era permitiendo sembrar ilegalmente más hectáreas de banano”.

“El panorama para el plátano es más claro”

Mientras, para el plátano, otra musácea de exportación, Saltos Guale señaló que el panorama es más claro. Indicó que hace falta aumentar la oferta, tanto mediante incremento de productividad como con nuevas áreas. Sugirió que se debe modificar la ley permitiendo nuevas siembras de esta musácea.

Eduardo Manrique, director ejecutivo de la Asociación de Exportadores de Plátano del Ecuador (Asoexpla), aclaró que el decreto y el acuerdo se refieren exclusivamente al plátano barraganete de exportación y afirmó que el registro de las siembras no autorizadas responde a la expectativa de conocer cuánto se tiene realmente de plátano en el país. “Parte de la problemática actual del sector es que realmente no sabemos cuántas hectáreas reales hay de plátano, porque existe mucha informalidad”.

El dirigente cree que debe haber un punto medio para que se pueda explicar y aplicar este nuevo mecanismo y que no se politice. “Nosotros como sector sí estamos de acuerdo en que debe haber y se debe fomentar a que se registre, a que se formalice el sector, sobre todo un sector tan importante como es el de nosotros”, concluyó Manrique. (I)