La Asamblea Nacional aceptó cuatro de las cinco objeciones aplicadas al proyecto de reformas a la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica que permite a las empresas que generen energía producir el recurso para su consumo, además busca mejorar las condiciones para la inversión en el sector.
Con estas reformas los empresarios del sector eléctrico podrán poner su propia planta para abastecer su consumo, además permite a los gobiernos autónomos descentralizados administrar los recursos de mantenimiento y mejora recaudados por concepto de alumbrado público de plazas, parques y espacios públicos.
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Asambleístas bloquean objeción del Ejecutivo a Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica.
En la sesión plenaria de este 6 de mayo, los legisladores rechazaron el veto planteado por el Ejecutivo al artículo 9 del proyecto referente a la disposición sexta del proyecto, que según el presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Esteban Albornoz (AP), da mayores facilidades para viabilizar recursos frescos para generación de energías renovables. Lo que hace es ampliar la posibilidad de que los inversionistas puedan poner en garantía los bienes inmuebles en la construcción de nuevas centrales de generación con el fin de fomentar las inversiones sobre todo en proyectos de energía renovable no convencional.
En la objeción el Ejecutivo argumentó que la Ley vigente es bastante rígida respecto a la intervención de los prestamistas y la transferencia y cesión de los derechos de concesión a terceros; por ello, planteó un nuevo texto en el que se permita poner en garantía el título habilitante, lo cual entra en conflicto con la potestad exclusiva del Estado de emitir los títulos de los proyectos, añadió Albornoz.
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Además, en el veto el Ejecutivo propone que este esquema de poner en garantía los títulos habilitantes se amplíe al sector de la transmisión de energía eléctrica, lo cual, según Albornoz, no puede darse paso si no se hace una revisión integral de la Ley para evitar conflictos con otros artículos. En función de eso, la Comisión recomendó insistir en el texto que originalmente aprobó la Asamblea Nacional. (I)